PUEBLA, MÉXICO.- La interrupción legal del embarazo (ILE) no debería reducirse a posiciones a favor o en contra a discutir desde lo penal , sino que deberían verse los diferentes matices que implica, como la garantía de todas las mujeres de acceder a la salud, mencionó Cinayini Carrasco, directora del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).
Así lo señaló en el parlamento virtual por el Aborto en Puebla del Congreso del Estado, donde esta tarde se abordó el eje temático “Interrupción legal del embarazo, una aproximación jurídica”, a fin de que los legisladores puedan tomar una decisión sobre la posible aprobación del ILE.
En la sesión con diputadas estatales, Cinayini Carrasco recordó que el artículo 343 del Código Penal del Estado de Puebla considera cuatro excluyentes de responsabilidad que permiten el aborto: violación, peligro de vida de la mujer, fallas eugenésicas graves y descuido grave del embarazo; sin embargo son insuficientes para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo de manera libre e informada, y por contrario las orilla a tener un embarazo no deseado, o elegir entre la cárcel, vivir una maternidad obligada o poner en riesgo su vida.
Hablar de acceso al aborto en Puebla, dijo, no es sólo llevarlo al territorio de lo penal desde un aspecto legislativo sino también es de los servicios de salud del estado, ya que no basta con que el aborto se despenalice bajo ciertas circunstancias, sino que hace falta que el acceso al mismo sea oportuno, público, adecuado y que las mujeres cuenten con toda la información posible para su acceso irrestricto.
De acuerdo con una encuesta realizada por Odesyr en 2015, el 40 por ciento de las personas estuvieron en contra ante la pregunta “está a favor o en contra” del aborto, pero cuando se les dio contexto sobre las causas por las que una mujer debería tener acceso a un aborto legal, una respuesta global del 60 por ciento respondió que a favor bajó algunas de las circunstancias planteadas, incluida la de salud.
“Es tener un derecho garantizado o es hacerse de la vista gorda, un acto de hipocresía gubernamental seguir dejando que sólo las mujeres con ciertos recursos o redes de apoyo puedan tener el derecho garantizado, mientras que las que no pueden se pongan en alto riesgo de salud y de ser criminalizada o estigmatizadas”.
Explicó que los legisladores deben tener un compromiso real para garantizar que las mujeres gocen del máximo nivel posible de salud, esto implica contribuir a que puedan decidir si quieren o no tener hijos, cuántos y en qué momento, tal como lo establece el Artículo 4 de la Constitución Política Mexicana.
La directora del Odesyr aseguró que la legislatura “tiene la obligación de votar a favor de la despenalización del aborto” y de su garantía en términos de la Ley Estatal de Salud, además de impulsar las condiciones para garantizarlo, que se informe sobre la libertad reproductiva, y dé capacitaciones al personal de salud pública con información libre de prejuicios para avanzar en la garantía de los derechos.
“Ustedes, legisladores, tiene la responsabilidad de legislar para todas las personas bajo los principios de igualdad y no discriminación dejando de lado posturas y creencias personales, continuar con esta penalización lejos de disminuir los abortos favorece la clandestinidad y las consecuencias negativas en ocasiones puede tener cuando se realizan de manera insegura, refuerzan estigmas y prejuicios atentando contra la dignidad de las personas”.
LAS VOCES CONTRARIAS
En una posición contraria, al catalogar la interrupción legal del embarazo como un “genocidio”, José Luis Rodríguez Solís argumentó que esta práctica es un delito de derecho internacional, mismo que debe sancionarse por parte del Estado mexicano.
“Debemos entender que el grupo al que se protege es un grupo de seres humanos vulnerable (…), Los no nacidos para el derecho civil se consideran seres humanos desde el momento de la concepción y ahora quieren hacer nulo ese derecho (…), Lugar de es el progresismo estamos retrógradas”.
Consideró que actualmente el aborto se promueve “con total cinismo”, pues los no nacidos tienen derechos civiles, el principal es el derecho a la vida, y el estado debe tener ante este grupo de connacionales considerar su protección a toda costa y abrogar las leyes que lo ataquen.
“Las personas que han promovido el aborto deben ser castigadas penalmente como genocidas, y entendamos, no es necesario que maten, solamente con que lo faciliten, así está definido por la corte penal y por el protocolo penal federal”.
