MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que durante el proceso electoral 2017-2018 se registraron en total 115 casos de violencia política contra mujeres, según informes reportados por las entidades federativas.
Según un estudio de la CNDH titulado La participación política equilibrada entre mujeres y hombres en México, 2019: Los desafíos de la reforma constitucional en materia de paridad, reconoció que actualmente no se cuenta con un registro público oficial sobre casos de violencia política ejercida en contra de las mujeres.
Por ello, consideró que resulta complicado tener un panorama de los casos que existen, así como de las formas en las que se ha manifestado a lo largo del país.
No obstante recordó el informe Radiografía de la violencia política por razón de género en los estados. La perspectiva de las candidatas en el proceso electoral 2017-2018, el cual fue un esfuerzo de los institutos electorales de 26 de 30 entidades federativas en las que se realizaron elecciones durante el proceso electoral de 2017-2018.
De 115 casos reportados durante el proceso electoral 2017-2018, Puebla reportó el mayor número con 15, seguido por Coahuila con 11, mientras Estado de México, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán reportaron no haber registrado algún caso.
La gran mayoría de las agresiones registradas contras mujeres en el proceso electoral fueron ofensas, agresión física, amenazas, solicitud de renuncia, que el partido les haya negado el registro y daño al patrimonio.
La CNDH resaltó que el reconocimiento de la violencia política por razones de género en las leyes de acceso a las mujeres una vida libre de violencia en las entidades se incrementó, particularmente en los últimos años pasando de ocho entidades federativas que la regulaban en 2016 a 29 al 18 de septiembre de 2019.
Sin embargo señaló que resulta necesario que sea incorporada en la regulación general y en las entidades federativas que aún no la prevén.
Además la inclusión de la violencia política por razones de género en las leyes electorales sustantivas implica un reconocimiento por parte del Estado del existencia de esas violaciones a los derechos políticos de las mujeres y la necesidad de imponer sanciones que correspondan a los actores políticos que lleguen incurrir en ello.
