PUEBLA, MÉXICO.- La falta de un diagnóstico integral sobre prostitución, ausencia de centros de seguimiento a hombres agresores, así como el inexistente mandato que obligue a juzgar con perspectiva de género, son algunos de los pendientes que la administración de Antonio Gali Fayad.
En el reporte de avances (hasta noviembre de 2018) sobre el cumplimiento a las quince recomendaciones establecidas por el informe del Grupo de Trabajo sobre la Solicitud Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en la entidad (AVGM/08/2017), el gobierno de Gali dio cuenta de que heredará a Martha Erika Alonso, quien rindió protesta la madrugada de este como gobernadora de Pueblala próxima administración una serie de indicadores que no logró cumplir.
Por ejemplo, la creación de centros especializados de intervención para hombres agresores, los cuales deberían contemplar mecanismos de evaluación y vigilancia. Ante el incumplimiento, el gobierno señala que la Secretaria de Salud “concentró esfuerzos en el desarrollo de un programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja”.
Destaca también que no se logró desarrollar un par de diagnósticos: sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, y del tema de la prostitución y los servicios sexuales. El gobierno refiere que todo se quedó en la gestión de la Secretaría General de Gobierno para conseguir la colaboración de universidades “y otro tipo de organismos con personal capacitado” que aterrizara los estudios.
MÁS PENDIENTES
En el rubro jurídico se incumplió con un mandato de obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género, conforme a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además de la creación de un sistema de monitoreo y revisión de las decisiones judiciales en los casos de violencia contra las mujeres.
Otro indicador que se señala en el documento, quedó pendiente y que llaman la atención, es la contratación de personal especializado para la capacitación e implementación del Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y Soberano de Puebla en el Sistema Penal Acusatorio.
En total son 13 indicadores correspondientes a la tercera, quinta, séptima y décimo cuarta conclusión. “Estos indicadores no se les dio cumplimiento, por tanto, el compromiso queda pendiente en el acta de entrega – recepción de la administración al Gobierno Estatal entrante”, cita el informe.
