PUEBLA, MÉXICO.- Han pasado tres meses del sismo de 7.1 grados que azotó a la región centro del país, sin embargo hasta la fecha se continúan con esfuerzos para gestionar apoyos para la reconstrucción, pues la actuación gubernamental si bien fue de inmediato al momento de la emergencia con el paso del tiempo ha cambiado.
“No se acaba la emergencia a los tres meses, esto es algo que nos va a llevar muchos años”, comentó Elba Gutiérrez Castillo, coordinadora del programa Pro Bono de la organización Greenberg Traurig en México en entrevista con Leviatán, al referir que después del 19 de septiembre se emprendieron una serie de acciones legales, algunos vinculados con temas labores, de tutela de menores y, principalmente, de viviendas.
A raíz del temblor se han violado muchos derechos, que van desde el debido proceso, el de la propiedad e incluso el de acceso a la información, comentó la abogada, y puntualizó: “hay una gran pregunta, el gobierno dice que no alcanza con el dinero del Fonden, pero entonces en dónde quedaron las donaciones internacionales masivas, por qué la página está caída para reportar ese tipo de cosas”.
Por esto, dijo que es importante que se tomen casos que funcionarían como bandera para evidenciar otros abusos, siendo uno de los más emblemáticos que lleva en la actualidad Greenberg el de una mujer indígena en Oaxaca a quien se le demolió su vivienda por supuestos daños ocasionados por el temblor, sin que nadie le informara las razones detrás de esta acción, pero lo poco que se le explicó fue en español pese a que ella hablaba otra lengua.
“Ella preguntaba qué había pasado, pero nadie le decía nada”, lamentó Gutiérrez Castillo, pero cuando llegaron los apoyos de parte del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), sólo se le dio una ayuda para reparaciones parciales, a pesar de que el gobierno demolió por completo su casa.
“El Estado en cualquier situación tiene la obligación de ajustarse a estándares, en este caso hubo una clara discriminación”, añadió la abogada, al referir que este es tan sólo uno de los casos que se tienen acerca de las anomalías que se dieron después del sismo.
Y si bien la vía legal es importante, comentó que hay otras medidas a las que pueden recurrir los ciudadanos sin necesidad de un abogado, como es el ejercer el derecho constitucional de petición, el cual es desconocido por la mayoría de los ciudadanos.
“La gente no sabe que si meten un escrito, por muy simple que sea, las autoridades te deben contestar”, lo cual se vuelve una herramienta de suma importancia en situaciones de este tipo, pues ante la falta de claridad de cómo se ejercen los recursos de la reconstrucción las personas pueden preguntar directamente y debe haber una respuesta institucional.
De este modo, continuó, por medio del derecho de petición los afectados se pueden allegar de información básica que requieren para después, con mayores elementos, definir la vía jurídica o administrativa para solucionar el problema que tengan.
