PUEBLA, MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió quejas de oficio ante la falta de organización y claridad en los apoyos que se han dado para la atención de los damnificados por el sismo del 19 de septiembre en el estado de Puebla.
En un reporte dado a conocer por la CNDH se indica que si bien en Puebla los ciudadanos no presentaron quejas de manera personal, tras las visitas que se hicieron se determinó abrir los expedientes de oficio por las irregularidades detectadas.
En concreto, los visitadores identificaron una falta de coordinación en los procesos de demolición de casas habitación, pues no hay mecanismos claros para la entrega de información relacionada con estas acciones; además el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) “no ha otorgado la documentación para la demolición de viviendas consideradas como inmuebles históricos”, además que hay poca transparencia en cómo se entregan los apoyos.
Si bien no se indica de manera clara cuántas quejas se abrieron sobre estas faltas, en el reporte se indica que estas derivaron de nueve actas circunstanciadas que se levantaron tras visitar las zonas de desastre, albergues y centros de acopio en Puebla, así como de la atención psicológica a los afectados.
Estos reportes se levantaron como parte de los recorridos que se hicieron en las comunidades poblanas de Ahuehuetzingo, Atlixco, Atzala, Chietla, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Tilapa.
BLOQUEAN APOYOS A ALCALDES: BARBOSA
A 20 días del sismo de 7.1 grados que impactó a la región centro del país, hay al menos 11 municipios que si bien tienen afectaciones no fueron incluídos en la declaratoria de desastre natural emitida por la Secretaría de Gobernación federal.
Esto ha ocasionado que aunque los alcaldes de estas comunidades, ubicadas en la región del Valle de Tehuacán, acuden ante las instancias estatales y federales para pedir apoyos este se les niega, acusó el senador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Los municipios que se encuentran en estas condiciones son Ajalpan, Zinacatepec, Coxcatlán, Coyomeapan, San Sebastián Tlacotepec, Cañada Morelos, Chapulco, Santiago Miahuatlán, San José Miahuatlan, San Gabriel Chilac y Nicolás Bravo.
Además, señaló que si bien la respuesta de parte de las autoridades fue pronta para atender a las comunidades con declaratoria, las revisiones que se hacen de los inmuebles dañados “son insuficientes”.
En concreto, apuntó que el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu) y el INAH, sólo hacen revisiones superficiales de los inmuebles con afectaciones, pues “la supervisión ha sido ocular,, esto significa que no esta basada en otra cosa más que en lo que se ve, llegan con algún material golpean las columnas, las trabes, las paredes, los techos y con eso ya es suficiente para opinar si está bien o está mal”, detalló el exmilitante del Partido de la Revolución Democrática.
A esto se suma que ni el CAPCEE ni el INAH han mostrado disposición para entregar a los ciudadanos los dictámenes de daños de las casas o escuelas, al grado que hay maestros en varias comunidades que han sido amenazados con ser despedidos en caso de solicitar la documentación sobre las revisiones hechas, agregó el senador.
