PUEBLA, MÉXICO.- Los candidatos a gobernador gastan diez veces más que el tope legal de los gastos de campaña, es decir, de los 47.78 millones de pesos que representa el tope legal, éstos invierten un promedio estimado de 496.89 millones de pesos, provenientes de desvío de recursos públicos, financiamiento privado ilegal y del crimen organizado.
Así lo demuestra la publicación Dinero bajo la mesa, un trabajo de investigación coordinado por María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.
“Hay un fenómeno que ocurre fuera del ojo de todos (…). Este es uno de los fenómenos en el mundo en el que las campañas se convierten en un espacio de transacciones ilegales que después tienen repercusiones en la vida de los gobiernos, en la vida de las empresas y en general sobre la economía del país”, mencionó Ugalde a propósito de la prestación del libro este miércoles en Profética Casa de Lectura.
Según confirmó, por cada peso que se reporta como gasto en una campaña de gobernador habría otros 25 pesos que se mueven “por debajo de la mesa “y cuyo origen es incierto. Aunado a ello, los candidatos a la gubernatura sólo dicen gastar en campaña el 30 por ciento del tope legal.
Mencionó que para la realización del libro se llevó a cabo una investigación documental y hemerográfica con datos oficiales del Instituto Nacional Electoral a través de sus informes de fiscalización, un cálculo de la liquidez de la economía mexicana, así como entrevistas a más de 60 actores relacionados con las campañas, entre ellos gobernadores, candidatos, estrategas de campaña, empresarios, funcionarios públicos, encuestadores y periodistas.
Si bien es sobreentendido que el gasto en las campañas es excedente, esta publicación sería el primer trabajo que cuantifica y arroja un aproximado al tamaño real del problema, según la investigadora Ximena Mata.
Por último mencionó que el financiamiento público (actores de gobierno que desvían recursos de la rcas estatales), el sector empresarial privado que invierte de forma ilegal (empresas fantasma), y el crimen organizado serían las principales fuentes de capital, siendo el principal rubro de gasto el “clientelismo electoral”, es decir, la inversión al mecanismo que se encarga de movilizar a los electores, y no tanto así a la compra de votos, como podría pensarse.
LAS RECOMENDACIONES
- Eliminar la monetización, evitar el uso de empresas fantasma, reducir la asignación directa, y una adecuada vigilancia de las fianzas públicas
- Apostar por un voto obligatorio a los inscritos al padrón electoral, favorecería en gran medida a reducir esta corrupción.
