PUEBLA, MÉXICO.- Aunque el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se comprometió a firmar la agenda en materia de derechos humanos elaborada por el Consejo Ciudadano de Derechos Humanos y Equidad entre Géneros (https://bit.ly/2IgyLAo), reconoció que no respalda por completo todos los puntos.
En concreto refirió que no coincide con la idea de descentralizar el Instituto Municipal de la Mujer, el cual opera en la actualidad como un organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social Municipal.
Este punto está contenido en la segunda línea de acción propuesta por el organismo ciudadano, en la cual se busca el fortalecimiento de “la instancia responsable de orientar e impulsar la política de igualdad de género”, dándole una “ubicación central y estratégica para que incida en la planeación municipal”.
Al respecto, el expresidente municipal comentó que esto tendría que ser sometido a un estudio de viabilidad financiera y técnica, de modo que se tenga claridad en cuáles serían las implicaciones operativas de un ajuste de este tipo.
Si bien reconoció que “requerimos apoyar una estrategia a favor de la mujer” esta no tiene que implicar de manera obligatoria “crear más estructura burocrática”.
GASTO ADICIONAL
Parte del argumento de Rivera Pérez en contra de esta propuesta es que la creación de una nueva dependencia implicaría un gasto adicional para la generación de toda una estructura administrativa, lo cual derivaría en una reducción en los recursos disponibles para atender directamente a las mujeres.
Sin embargo, insistió que el tema tendrá que ser analizado, por lo que podría generarse algún mecanismo alterno para cumplir con esta propuesta ciudadana.
Por otra parte, Rivera Pérez comentó que durante una reunión con empresarios adheridos a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), éstos le solicitaron crear más sectores de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), pues las cinco unidades con las que se cuentan actualmente ya no son suficientes para atender a los ciudadanos cuando son víctimas de un delito.
