PUEBLA, MÉXICO.- La falta de tipificación de la violencia política de género tanto en Puebla como a nivel nacional dificulta que las mujeres que buscan denunciar las agresiones sufridas puedan acceder a la justicia, pues no se cuentan con canales adecuados para la atención de estos casos.
El problema inicia desde la falta de difusión de lo que es la violencia política, ya que cuando se pide asesoría a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) se tienen dos respuestas: lea el protocolo que está disponible en nuestro portal de internet, y que, por el momento, el área encargada de la atención de las denuncias está vacante, por lo que será hasta que se contrate a alguien que se le dará seguimiento a las denuncias.
Esto lo describieron las integrantes del observatorio 33 Mujeres, quienes realizarán un monitoreo de los casos de violencia política durante el presente proceso electoral, con el objetivo de juntar documentación necesaria que obligue a las autoridades a tipificar este tipo de conductas que vulneran los derechos políticos de las ciudadanas.
PROCESO COMPLICADO
Cecilia Monzón, integrante del proyecto, describió que aunque se logre sobrepasar los primeros dos obstáculos, el problema continua ya que ante la falta de una legislación en la materia, el proceso penal se complica.
Para ejemplificar esto, narró su experiencia personal. A mediados del año pasado acudió ante la Fepade para denunciar por violencia política a un periodista local que la había atacado de manera reiterada en publicaciones, con información inventada sólo para desprestigiarla políticamente.
Al entregar la documentación ante la Fepade, el hecho se catalogó como una violación “al derecho de votar”, esto a pesar de que los ataques no tenían nada que ver con su facultar de ejercer el voto.
Los funcionarios le explicaron que todos los casos de violencia política se encuadran bajo esta figura dado que no se cuenta con un tipo penal de violencia política, pero que esto no afecta el resultado del proceso.
Sin embargo, hay que recordar que el año pasado un juez federal suspendió el proceso penal emprendido por la regidora Ruth Zárate en contra del alcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, al considerar que las agresiones del presidente panista no “afectaban el derecho a votar” de la víctima.
“Si yo fuera mi contraparte lo tiro, porque el derecho penal es muy literal”, lamentó Monzón, al señalar que si bien continúa con la denuncia esta no ha tenido avance alguno.
En su momento se le informó que se le enviaría un correo electrónico para avisarle de cualquier cambio en el proceso, sin que a la fecha haya recibido alguna notificación.
“Yo soy abogada y yo llevo mi caso, entonces no me cobro honorarios, pero otra mujer que esté en las mismas condiciones no seguiría”, reflexionó la militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al aceptar que el caso no prosperará pero que al menos busca que quede un antecedente.
LEGISLACIÓN
Para evitar más casos como este, Monzón añadió que es necesario que se legisle en la materia, de modo que se den herramientas a las mujeres para poder denunciar a sus agresores.
Y aunque se han presentado iniciativas en el Congreso local y en el federal, éstas son frenadas por los propios diputados varones, quienes evitan tipificar esta falta como una forma de protegerse ante cualquier denuncia que pueda recaer sobre ellos, finalizó Monzón.
Hay que señalar que de acuerdo con reportes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, hasta enero de este año Puebla, Guerrero o Hidalgo son los únicos estados de la república que no cuentan con legislación en materia de violencia política de género, ya sea en la Constitución, en las leyes electorales o en las de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
