- La propuesta de lineamientos plantea obligaciones de veracidad, criterios para distinguir contenidos y nuevas facultades para la autoridad reguladora; académicos advierten riesgos para medios y radios comunitarias.
PUEBLA.- La consulta pública sobre la Propuesta de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha generado un amplio debate en torno a la libertad de expresión, las obligaciones de los medios y las facultades de la autoridad reguladora. De acuerdo con el análisis emitido por la IBERO Puebla, uno de los puntos más sensibles es la obligación de los medios de difundir información veraz y la posibilidad de que la autoridad sancione a quienes incumplan esta disposición.
La propuesta establece criterios para diferenciar información noticiosa, opinión y publicidad, además de obligaciones relacionadas con la debida diligencia. El análisis del IDHIE señala que, aunque la veracidad es un principio reconocido en el ejercicio periodístico, existen circunstancias en las que puede difundirse información incorrecta sin intención de engañar, como errores de fuentes o documentos oficiales. En este contexto, advierte que los lineamientos parecen dejar de lado criterios internacionales que distinguen entre error y real malicia, concepto que implica difundir información falsa con conocimiento de su falsedad.
Otro punto de preocupación es la facultad que los lineamientos otorgarían a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para intervenir en quejas contra medios. Actualmente, la figura de la persona defensora de las audiencias ya atiende inconformidades y emite resoluciones; sin embargo, la propuesta permitiría que la autoridad sancione a los medios cuando una persona no esté conforme con la resolución de la defensoría. El análisis advierte que esto podría abrir la puerta a mecanismos de presión contra medios y periodistas, en un contexto latinoamericano donde existen antecedentes de uso de herramientas legales para limitar el debate público, como las SLAPP.
La IBERO Puebla también alertó sobre posibles afectaciones a radios comunitarias, indígenas y afromexicanas, sectores que considera desatendidos en la propuesta debido a disposiciones que podrían dificultar su operación.
Aunque la consulta pública permite la participación ciudadana, el IDHIE cuestionó que se realice después de la publicación de los lineamientos y señaló que una consulta previa con televisoras, radiodifusoras y radios comunitarias habría permitido identificar problemas antes de establecer nuevas reglas.
El análisis concluye que el debate actual evidencia la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de las audiencias y la garantía de la libertad de expresión, evitando que mecanismos destinados a fortalecer la responsabilidad de los medios se conviertan en herramientas de sanción o control.
