- El nuevo sistema integrará servicios de IMSS, ISSSTE, IMSS‑Bienestar, Pemex e Institutos Nacionales de Salud para garantizar atención médica gratuita, universal y sin importar la derechohabiencia.
MÉXICO.- Durante la conferencia matutina de este martes 26 de mayo, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, informó que la credencialización del Servicio Universal de Salud (SUS) comenzará a operar formalmente el 1 de enero de 2027.
El programa unificará los servicios del IMSS, ISSSTE, IMSS‑Bienestar, Pemex, Institutos Nacionales de Salud y otras instituciones públicas, con el objetivo de garantizar atención médica gratuita, universal y de calidad, sin importar la derechohabiencia de cada persona.
La primera etapa de credencialización inició a finales de abril de 2026 y está dirigida a personas adultas mayores —comenzando con quienes tienen 85 años o más— y personas con discapacidad. El resto de la población será incorporada gradualmente por grupos de edad y apellido, siguiendo el modelo utilizado en otros programas sociales.
Entre los beneficios que entrarán en vigor en enero de 2027 destacan:
- Atención universal a urgencias en cualquier hospital público.
- Continuidad de tratamientos, incluso si cambia la institución de derechohabiencia.
- Acceso a cualquier unidad médica del IMSS, ISSSTE, IMSS‑Bienestar y otras instituciones federales.
- Credencial como identificación oficial para trámites bancarios y de servicios.
- Sustitución gradual de carnets del IMSS, ISSSTE e IMSS‑Bienestar.
El SUS contará además con una aplicación móvil, que incluirá versión digital de la credencial, expediente clínico, historial médico, gestión de citas, recetas electrónicas, resultados de laboratorio, teleconsultas y herramientas de inteligencia artificial para acompañamiento en tratamientos y recordatorios personalizados.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este modelo busca consolidar un sistema de salud integrado, eficiente y centrado en las personas, eliminando barreras de derechohabiencia, reduciendo tiempos de espera y optimizando la infraestructura pública.
