- La reforma avanza entre acusaciones de abuso, falta de análisis técnico y un debate dividido
MÉXICO.- La venta y distribución de vapeadores podría convertirse en un delito grave en México. La Cámara de Diputados aprobó una reforma que contempla penas de hasta ocho años de prisión y multas superiores a los 200 mil pesos para quienes fabriquen, importen o comercialicen vapeadores y cigarros electrónicos en el país. Con esta decisión, la mayoría legislativa abrió paso a una prohibición total de su producción y venta.
Los legisladores que respaldaron el dictamen —principalmente de Morena y aliados— argumentaron que el uso de vapeadores ha crecido de forma acelerada entre adolescentes. Aseguraron que muchos de estos dispositivos se venden sin controles adecuados y bajo la idea de que son “más seguros” que el tabaco convencional, mensaje que, según ellos, ha generado confusión entre jóvenes y padres de familia.
La reforma busca interrumpir la cadena de comercialización para evitar que estos productos sigan siendo accesibles a menores de edad.
Oposición advierte riesgos de abuso
La discusión estuvo marcada por tensiones. Diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron que la redacción podría generar abuso de autoridad, permitiendo que jóvenes sean detenidos solo por portar un vapeador. Aunque Morena prometió presentar una reserva para aclarar que los usuarios no serán penalizados, la oposición insistió en el riesgo de interpretaciones amplias.
También reclamaron que el documento final —de más de 800 páginas— se aprobó sin la participación de especialistas en salud, investigadores o colectivos ciudadanos.
El dictamen no se limita a la prohibición de vapeadores. Incluye una serie de ajustes legislativos, como nuevas reglas para la compra de medicamentos, controles más estrictos sobre sustancias peligrosas y mayores medidas contra el tráfico de precursores químicos utilizados en drogas sintéticas. La oposición criticó que el paquete reúna asuntos “sin relación”, mientras Morena defendió que se trata de una estrategia integral en materia de salud pública.
Tras su aprobación en la Cámara baja, el documento será enviado al Senado, donde continuará la discusión.
