- Puebla y Tlaxcala comparten no solo frontera, sino un corredor histórico de explotación sexual. La trata —que en la región se entrelaza con desaparición forzada y feminicidio— opera con una constancia que las instituciones no han logrado desarticular.
PUEBLA.- Dos décadas después de que México firmó el Protocolo de Palermo, la región Puebla–Tlaxcala sigue siendo un territorio donde nacer mujer o niña significa vivir en un riesgo permanente. Así lo advierten tres actores fundamentales en la defensa de los derechos humanos: el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la IBERO Puebla, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., y las Organizaciones Impulsoras de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas, junto con un grupo de académicas y académicos comprometidos.
Estas organizaciones, que han documentado durante años la violencia sistemática contra las mujeres en la región, difundieron este 20 de noviembre un pronunciamiento contundente: la trata con fines de explotación sexual no solo persiste, sino que se mantiene como una realidad grave, poco atendida y casi nunca castigada.
Un territorio donde la violencia contra las mujeres tiene un patrón reconocible
Puebla y Tlaxcala comparten no solo frontera, sino un corredor histórico de explotación sexual. La trata —que en la región se entrelaza con desaparición forzada y feminicidio— opera con una constancia que las instituciones no han logrado desarticular.
Las cifras hablan por sí mismas:
- En Puebla, entre 2015 y 2022, se abrieron 257 investigaciones con 280 víctimas.
De ellas, 177 eran mujeres.
En 61 casos ni siquiera se identificó el sexo de la víctima. - En Tlaxcala, las redes enganchan mujeres y niñas en 17 estados, las explotan en 21 y también operan en siete entidades de Estados Unidos.
Solo entre 2022 y junio de 2025, la fiscalía tlaxcalteca abrió 19 carpetas y atendió a 53 mujeres víctimas.
No existe un refugio especializado.
Mientras tanto, el Secretariado Ejecutivo asegura que en Tlaxcala no hubo ni un solo caso entre 2023 y 2025. Las organizaciones lo llaman por su nombre: subregistro.
Asimismo, las organizaciones firmantes recuerdan que Puebla y Tlaxcala tienen activa la Alerta de Violencia de Género. Aun así, no existen mecanismos sólidos de prevención, búsqueda y atención.
La región sigue sin:
- Refugios estatales
- Protocolos sólidos de búsqueda inmediata
- Programas estatales que funcionen
- Coordinación real entre fiscalías y comisiones de búsqueda
- Capacitación adecuada para evitar revictimización
Las demandas
El pronunciamiento exige a ambos gobiernos estatales:
- Aplicar sin simulación las leyes contra la trata
- Coordinar fiscalías y comisiones de búsqueda
- Crear refugios públicos especializados
- Capacitar a operadores de justicia
- Sancionar efectivamente a los tratantes
- Trabajar con escuelas y comunidades para prevenir la explotación sexual desde un enfoque antipatriarcal
- Operar, no solo anunciar, los Programas Estatales contra la Trata
Las organizaciones también llaman a la academia y a la sociedad civil a seguir documentando, visibilizando y acompañando a las víctimas, porque “solo así las mujeres y las niñas podrán aspirar a una vida libre de violencia”.
