- La Suprema Corte dio 20 días al Congreso de Puebla para reformar el Código Civil y reconocer el derecho de las infancias trans a rectificar su identidad. Diputados enfrentan sanciones personales por desacato.
PUEBLA.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió sanciones económicas a diputados del Congreso de Puebla por no cumplir con la sentencia emitida en 2022, que ordena reformar el Código Civil para permitir que niñas, niños y adolescentes trans puedan rectificar su género y nombre en sus actas de nacimiento.
El máximo tribunal del país notificó a los legisladores Elías Lozada Ortega, presidente de la Mesa Directiva, y Mauricio Céspedes Peregrina, titular de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, por incurrir en una omisión legislativa de más de tres años.
De persistir el incumplimiento, los diputados podrían recibir multas de hasta 120 UMA, equivalentes a 13 mil 576 pesos, aplicables directamente a su patrimonio personal.
La Corte recordó que desde marzo de 2022 ordenó al Congreso adecuar la ley para que las infancias trans cuenten con un procedimiento ágil, gratuito y eficaz que les permita el reconocimiento legal de su identidad de género. Sin embargo, hasta la fecha, no existe dictamen alguno que elimine la restricción de edad impuesta por la llamada Ley Agnes, aprobada en 2021.
La resolución deriva de la acción de inconstitucionalidad 73/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que denunció que limitar el cambio de identidad a mayores de 18 años vulnera los derechos de igualdad y no discriminación.
El presidente del Congreso local, Pavel Gaspar, reconoció que la legislatura tiene un plazo de 20 días hábiles para acatar la orden judicial y aprobar las modificaciones necesarias.
“No es un tema de cabildeo, sino de accionar. Tenemos la instrucción de la Corte y vamos a cumplirla”, declaró el coordinador de la bancada de Morena.
La SCJN subrayó que negar a las infancias trans el derecho al reconocimiento de su identidad perpetúa la violencia estructural que enfrentan en México, y recordó que el cumplimiento del fallo no es opcional, sino una obligación constitucional.
