- La exfuncionaria del gobierno de Miguel Barbosa, María Teresa Castro Corro, fue hallada responsable del desvío de 600 mdp y abuso de funciones por inversiones en Accendo Banco. La sentencia incluye una multa millonaria e inhabilitación por dos décadas.
PUEBLA, Pue.– La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla sancionó a María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, con una multa de 362 millones 997 mil 678 pesos y una inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos, al ser hallada responsable de desvío de recursos públicos y abuso de funciones.
De acuerdo con la sentencia —emitida el 30 de septiembre y firmada por los magistrados Edgar Sánchez Farfán, Martín Fuentes Morales y Raúl Palomares Palomino—, la exfuncionaria es “plenamente responsable” por el quebranto de 604 millones 996 mil pesos ocasionado por la inversión fallida de recursos estatales en Accendo Banco, institución financiera que colapsó poco después de recibir los depósitos.
El fallo establece que la sanción económica equivale al 60% del total del daño patrimonial, pues la investigación señala la participación de otro servidor público de jerarquía superior, sin precisar su identidad.
“Los recursos invertidos debieron destinarse a la ejecución de servicios en beneficio del Estado de Puebla”, sostiene el documento judicial, al subrayar que la funcionaria actuó sin observar la obligación de proteger el patrimonio público.
El caso Accendo Banco ha sido uno de los más emblemáticos del sexenio barbosista que perdió más de 600 millones de pesos en inversiones no recuperadas tras la quiebra de la institución bancaria.
En junio pasado, el gobernador Alejandro Armenta Mier instruyó a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a reabrir las investigaciones del caso y revisar posibles irregularidades en otros proyectos como el Museo Internacional del Barroco y el Teleférico de Puebla, al señalar que “no se trata de persecución, sino de aplicar la ley y frenar el abuso del poder”.
La resolución judicial también detalla que la inhabilitación de 20 años se impone conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al superar el daño económico “doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.
