MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a autoridades federales, luego de que obligaron a una perita en antropología forense a realizar esfuerzos y actividades peligrosas que contribuyeron a la pérdida de su bebé.
En la recomendación 22/2017, dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR), se constató que se violaron los derechos humanos de la mujer a la protección de la maternidad, igualdad y no discriminación laboral, a una vida libre de violencia, seguridad jurídica y acceso a la justicia en su modalidad de procuración.
El 4 de febrero de 2015, la agraviada interpuso una queja ante la CNDH, en donde informó que en forma reiterada fue enviada a comisiones de trabajo a distintas entidades federativas, sin consideración alguna por su embarazo de alto riesgo, no obstante las indicaciones médicas que recomendaban reposo.
En diferentes fechas, los médicos del ISSSTE la incapacitaron, dándola de alta con plan de egreso a su domicilio, pero por instrucciones superiores y bajo amenaza de despido o de enviarla a los tiros de mina “a buscar muertos”, fue obligada a realizar las actividades propias de su encargo.
El 5 de julio de 2014, tuvo dolores y expulsión de líquido, por lo que se trasladó al Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, donde le informaron que se había roto la fuente y al día siguiente se le practicó un aborto, con 18.1 semanas de gestación.
A su regreso, recibió malos tratos, indiferencia, carga excesiva de trabajo y hostilidad de sus tres jefes inmediatos, por lo que dejó de laborar el 31 de diciembre de ese año.
Al concluir su investigación, la CNDH acreditó que las autoridades involucradas violentaron los derechos humanos de la víctima, transgredieron los derechos que le asistían como trabajadora embarazada, pues no le proveyeron condiciones de prevención, para procurar que su embarazo se desarrollara bajo las mejores condiciones laborales.
Por ello, recomendó a la PGR reparar el daño, que incluya compensación, atención médica, psicológica y tanatológica, así como capacitar y formar a todo el personal de esa instancia en materia de derechos humanos con perspectiva de género.
La Procuraduría deberá continuar con la integración y perfeccionamiento con perspectiva de género de la averiguación previa correspondiente, por los delitos de abuso de autoridad y los que resulten, contra los involucrados.
