En Puebla, habitar la ciudad siendo mujer es una experiencia atravesada por una violencia que no es excepcional, sino estructural. Esto no es una aseveración retórica: se trata de datos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, INEGI, 2021), el 70.8 % de las mujeres de 15 años y más en el estado de Puebla ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, una cifra que se relaciona, en el día a día, con el uso del espacio público y la movilidad urbana.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU, INEGI, 2025) señala que casi tres de cada diez mujeres en la capital del estado han vivido acoso o violencia sexual en espacios públicos o digitales, mientras que, a nivel nacional, el 96 % de las mujeres usuarias del transporte público ha padecido algún tipo de acoso o violencia. Estos datos revelan que el temor no es una percepción aislada, sino un factor central en la forma en que las mujeres habitamos y recorremos la ciudad.
La violencia contra las mujeres no es un problema de conductas individuales, sino una falla persistente de las políticas públicas, del diseño urbano y de una planeación que no ha sido incluyente. El transporte público inseguro —con rutas largas, pensadas bajo la lógica del viaje “casa-trabajo” masculino—, las banquetas en mal estado, la iluminación deficiente y las barreras físicas que representan riesgos, especialmente para las mujeres, se suman a la permisividad social frente al acoso callejero. Así, caminar deja de ser una elección y se convierte en un acto forzado.
Otra variable menos visible de la experiencia urbana diferenciada por género es la de las mujeres que sostienen colonias, barrios y periferias enteras. Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT, INEGI, 2024), las mujeres en Puebla dedican en promedio casi 42 horas semanales al trabajo no remunerado —actividades domésticas, de cuidados y de apoyo comunitario—, mientras que los hombres destinan poco más de 18 horas a esas mismas tareas. Esto implica una brecha de casi 24 horas semanales sin remuneración ni reconocimiento formal, lo que incrementa la vulnerabilidad económica de las poblanas.
De acuerdo con la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México 2022 (INEGI), el trabajo doméstico y de cuidados en Puebla equivale al 30.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, una proporción superior al promedio nacional (24.3 %). El valor generado por el trabajo no remunerado en México supera al de sectores como la industria manufacturera, el comercio o los servicios educativos. Esto demuestra que las actividades de cuidado son un pilar económico fundamental para la vida en nuestras ciudades.
El trabajo informal en Puebla tampoco afecta por igual a hombres y mujeres. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, INEGI, 2025) señala que, para el tercer trimestre del año pasado, el 70.2 % de la población ocupada en la entidad (2.2 millones de personas) laboraba en condiciones de informalidad y precariedad, es decir, sin contrato ni seguridad social. La ENOE también indica que las mujeres concentran el mayor crecimiento del empleo informal: entre 2024 y 2025, casi un millón se incorporó a este sector.
La elevada informalidad limita el acceso a derechos laborales, vivienda y salud, y refleja la necesidad de compatibilizar el trabajo remunerado con las actividades de cuidado, lo que empuja a muchas mujeres hacia empleos precarizados.
Este 8M, muchas saldremos a ejercer nuestro derecho a la protesta en el espacio público por estas y muchas otras razones. Ahí estaremos quienes trabajamos en la Observatoria Ciudadana Urbana y Ambiental para el Estado de Puebla.
Mtra. Assenet Lavalle Arenas
Observatoria Ciudadana Urbana y Ambiental para el Estado de Puebla
Febrero, 2026
