PUEBLA, MÉXICO.- Colectivos feministas presentaron en Puebla y Aguascalientes amparos contra la regulación del delito de aborto, para que la interrupción del embarazo autoprocurado y consentido pueda ser eliminado de los códigos penales de estas entidades.
De ser aprobado, el apartado de los códigos penales de estos lugares ya no tendrá efectos y, por lo tanto, ninguna mujer o persona gestante podría ser castigada por abortar, tal como organizaciones civiles explicaron en un comunicado emitido hoy jueves 24 de febrero.
Sin argumentos jurídicos para criminalizar el aborto en los estados
La presentación de los amparos forman parte de una estrategia que incluye a varios estados del país para que todas personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas, la cual es liderada por agrupaciones como Redefine, Morras Help Morras, Terfu, el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS), y la Red por los Desechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddese).
En el documento, argumentaron la creciente demanda del movimiento feminista por la despenalización de este acto, ya que su negación representa una vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía reproductiva y el derecho a la salud.
Asimismo, recriminaron los obstáculos para acceder a servicios de interrupción del embarazo, el patrón de criminalización, el estigma que ésta genera en quienes abortan y la inhibición que provoca en el personal de salud.
Los amparos se basan en la sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio en septiembre pasado, cuando declaró inconstitucional la penalización y criminalización del aborto en México, por lo que se debería garantizar a las personas gestantes el derecho a decidir sin consecuencias penales.
🚨¿Por qué es importante un amparo en contra de la regulación del aborto en #Puebla? #AbortoLegalPuebla #HastaQueSeaLey pic.twitter.com/UbXxupLjxA
— Ddeser Puebla (@ddeserpue) February 24, 2022
A RECORDAR
En el mismo mes de septiembre de 2021, la SCJN invalidó la Ley de Derecho a la Vida en Sinaloa, que establece que se debe proteger la vida desde la concepción hasta la muerte, al considerar que ello limita el derecho a la autonomía reproductiva.
“Las organizaciones que impulsamos esta estrategia buscamos que ninguna mujer o persona gestante, ni el personal de salud, sean criminalizados por aborto. Confiamos en que las resoluciones del máximo tribunal del país guíen las decisiones de las y los juzgadores de las entidades donde el ejercicio de la autonomía reproductiva aún es penalizado”, finalizó el comunicado.
