TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- La ciudad de San Antonio, Texas, y tres organizaciones de derechos civiles interpusieron una demanda en contra de la ley estatal SB 4, al calificar el estatuto como anticonstitucional.
La SB 4, promulgada el pasado 7 de mayo por el gobernador de Texas, Greg Abbott, obliga a gobiernos locales y a sus empleados, incluyendo policías, a involucrarse en la aplicación de las leyes federales de inmigración.
La demanda fue presentada este jueves ante una Corte Federal en San Antonio por el Fondo para la Defensa Legal y Educación del México-Americano (Maldef) a nombre de la ciudad de San Antonio y de los grupos “La Unión del Pueblo Entero”, con sede en el sur de Texas; la Asociación de Chicanos de Educación Superior de Texas y el Proyecto de Defensa de los Trabajadores.
Esta es la tercera demanda que se interpone en contra de la SB 4 en las últimas tres semanas, tras las presentadas por la comunidad de El Cenizo y el Condado de Maverick y la interpuesta por funcionarios del condado de El Paso y miembros de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) de Texas.
“Las violaciones constitucionales en esta ley son sustanciales y múltiples, y las demandas que desafían a la SB 4 deben prevenir su lanzamiento amenazado de prácticas arbitrarias e inconsistentes de aplicación de la ley”, dijo Tom Sáenz, presidente y asesor general de Maldef.
Se espera que la ciudad de Austin presente también este viernes su propia demanda o se sume a una de las ya interpuestas, de acuerdo con el regidor de Austin, Greg Casar.
En la demanda interpuesta por Maldef se argumenta que la SB 4 es anticonstitucional con base en la cláusula de supremacía dentro de la Constitución, que dice que la ley federal prevalece sobre la ley estatal. La demanda también cita las enmiendas primera, cuarta y decimocuarta de la Constitución.
“El impacto de la SB4 será devastador para los gobiernos locales de Texas y las instituciones de educación superior, ya que secuestra su autoridad para promulgar las políticas que mejor se adapten a sus necesidades locales”, señala la demanda.
En las diferentes demandas, las ciudades, condados y grupos solicitan la suspensión de la ley y que se le declare anticonstitucional.
