PUEBLA, MÉXICO.- De ahora en adelante no se podrá dar un trato de delincuente a ninguna mujer que interrumpa un embarazo, pues el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto en México.
“La Corte declaró la invalidez del artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicar a su aborto o a quien la hiciera abortar con el consentimiento de aquella, pues vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir”, informó la SCJN.
Si bien la decisión es un paso rumbo a la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los estados, es turno de los Congresos locales armonizar con la ley en Puebla y generar las reformas que garanticen la no violación a los Derechos Humanos de las persona gestantes.
Lo anterior pues los Legislativos locales ya no tienen argumentos jurídicos que les permitan mantener la criminalización del aborto, tal como lo explicó a LEVIATÁN Natalia Hernández, miembro del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS).
“Es un cambio importantísimo de ruta respecto de lo que tienen que hacer los congresos. Esta resolución de la Corte representa la posibilidad de quitar las penas de cárcel en los estados”.
Además, este 9 de septiembre la SCJN invalidó la Ley de Derecho a la Vida en Sinaloa, la cual establece que se debe proteger la vida desde la concepción hasta la muerte –tal como también lo establece la constitución poblana.
Lo anterior pues la Corte consideró que ello limitaba el derecho de las mujeres a la autonomía reproductiva, además no es admisible establecer que el embrión y el feto merecen la misma protección jurídica que las personas nacidas.
“La Corte consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, resultaba inconstitucional”, dicta la sentencia.
SIN CANDADOS
Al respecto, la integrante del colectivo Aborteras Poblanas argumentó que “los candados que se tenían para no transformar las legislaciones locales hoy ya no existen”, por lo que urgió a la legislatura entrante a subir lo más pronto posible el tema del ILE al Pleno y someterlo a discusión.
“Están en un momento de coyuntura importante donde los argumentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido claros. En ese sentido, tendrían que perder el miedo a discutir públicamente el tema y a legislar al respecto, porque ya hay dos sentencias de la SCJN”.
Natalia Hernández, quien trabaja en conjunto con la Campaña por el Acceso al Aborto Legal y Seguro en Puebla, recordó que la despenalización del aborto es una regulación que existe en otros países, la cual permite información adecuada procedimientos seguros, prevención de embarazos no planeados y que las personas elijan en absoluta libertad de conciencia el camino que desean elegir para interrumpir o no un embarazo.
Bajo dichos argumentos enfatizó la falta de voluntad política de las Legislaturas poblana para abordar esta problemática de salud pública, que incluso llevó a colectivos feministas a tomar la sede del Congreso del Estado en noviembre de 2020:
“Evidentemente en la legislatura pasada no hubo voluntad política para entrar a esta discusión, nosotros estamos haciendo las gestiones necesarias para que la siguiente legislatura tome las iniciativas que se quedaron congeladas y retome el trabajo que se ha venido haciendo respecto de esta discusión pública en el contexto poblano”.
