- Cuando la justicia falla se envía el mensaje de vía libre para la criminalidad. La ciudadanía tiene la responsabilidad de tejer redes de cuidado basadas en valores humanos.
PUEBLA, MÉXICO.- El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencias de la OMS emitió una declaración en torno a un nuevo virus que comenzaba a tomar relevancia e impacto internacional. En el contexto mexicano, la epidemia derivada de la enfermedad por coronavirus dejó al desnudo los dolores más profundos que se viven en nuestro país.
Como parte de las discusiones en el marco de la Cátedra Cossío organizada por la IBERO Puebla, académicos de la Universidad Iberoamericana Torreón repasaron los retos para las familias de las personas desaparecidas, para quienes el resguardo domiciliario no ha sido una opción: la búsqueda es la regla, la trinchera está afuera.
De acuerdo con lo relatado por la Mtra. Migdy Yosdel García Vargas, coordinadora de los posgrados en Derecho de la Institución, entre 1964 y noviembre de 2020 se han registrado 194,849 personas desaparecidas, de las cuales 79,506 no han sido localizadas.
Torreón llegó a ocupar el quinto lugar mundial entre las ciudades más peligrosas. Además, Coahuila se encuentra en el primero de cuatro grupos tipificados por la Fiscalía General de la República (FGR) para medir el riesgo de secuestro y desaparición, pues suman 1,779 personas desaparecidas en la entidad. En respuesta, las familias de personas desaparecidas se han organizado en cinco colectivos de búsqueda y protesta.
El tema central de las demandas continúa siendo la escucha activa de las familias para contrarrestar la revictimización y estigmatización: “se hace un llamado para que dejen de existir estos protocolos de oídos sordos”, sentenció García Vargas.
LA BÚSQUEDA SIGUE
Silvia Stephanie tenía 16 años cuando fue apartada de su familia. Desde 2004, su madre, la Lic. Silvia Ortiz, ha caminado junto a decenas de personas en busca de respuestas. La suma de esfuerzos dio pie a la creación de Grupo Vida hace casi una década, un colectivo que cobija a más de 200 familias de Coahuila.
El secuestro no era un delito tipificado cuando su hija desapareció. Gracias a la insistencia de los colectivos se han creado recursos como la Ley General de Víctimas, la cual dio pie a la Ley de Desaparición. Ambas normativas, no obstante, tienen carencias puntuales. “No podemos permitir que se separe la investigación de la búsqueda. El principal punto que hemos peleado es: ‘sin las familias no’. Somos nosotros los que realmente investigamos”.
Forzada a convertirse en activista, Silvia se asume escéptica de la justicia. Su argumento recae en las incontables expresiones de impunidad y la ausencia de figuras jurídicas claves como son los testigos. Se necesita, explicó, de investigaciones ejemplares que puedan fundamentar los hechos, pues la falta de respuestas por parte de los delincuentes mueve a las familias a buscar a sus seres amados en todos los espacios imaginables.
LA PANDEMIA
Durante la pandemia, los procesos de búsqueda fueron suspendidos en dos ocasiones con base en el endurecimiento de las restricciones de movilidad para la población en general. “El coronavirus nos puso una batalla más con respecto a todo este trabajo. O aprendemos a vivir cuidándonos o paramos el trabajo que tenemos que hacer”.
Se refirió también a la forma en que los recortes y disolución de apoyos gubernamentales vulneran las actividades de búsqueda y la estabilidad económica de las familias: muchas de ellas deben renunciar a sus fuentes de ingreso para dedicarse plenamente al proceso legal y empírico de localización. Los subsidios, consideró, suponen una complicación burocrática más que un apoyo significativo.
LOS PENDIENTES
En 2019, el Gobierno de México emitió siete compromisos en la materia. Uno de ellos era el reconocimiento del Comité contra las Desapariciones Forzadas, el cual funciona como ente de protección cuando se agotan los recursos internos. A su vez, surgió el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense con el fin de dar acceso a la verdad y la justicia, así como reconocer la crisis forense que se vive en nuestro país.
Las principales asignaciones del mecanismo son realizar peritajes multidisciplinarios y, ante todo, fomentar la participación de las familias. “Por más que puedan tenerse maestrías o doctorados, nadie como las familias para conocer sobre esto”, refrendó el Lic. Salvador Castillo, profesor de la IBERO Torreón. No obstante, el mecanismo no ha sido implementado, lo que repercute directamente en el derecho a la verdad de los familiares.
En el informe de la CNDH en la materia, las desapariciones forzadas no fueron abordadas de manera particular, sino que se recibió un tratamiento homogéneo con otros delitos graves. Además, no se ha monitoreado los avances a nivel estatal tras los llamamientos a la acción con base en la realidad de cada territorio.
En síntesis, las familias exigen que se agilicen los trámites y que se dé la seriedad correspondiente, pues el tiempo puede ser el factor clave para encontrar a una persona desaparecida. “Aun con pandemia, deben crearse esfuerzos grandes para llegar al cometido principal: que las personas puedan regresar a casa”, cerró el catedrático.
Silvia ha buscado a su hija durante cuatro sexenios distintos. Desde su perspectiva, los avances legales sustanciales son nulos, como reflejan los miles de casos sin resolver. “A las familias nos ha costado ir a trabajar con los diputados. ¿Hemos logrado algo? La respuesta está en los números. No hemos logrado nada”. Recalcó la urgencia de tener mejores marcos normativos que garanticen la no repetición.
