- Aunque nueve de las 11 personas afectadas alcanzaron acuerdos reparatorios, la falsa psiquiatra continúa recluida por delitos locales y federales, entre ellos suministro de narcóticos y usurpación de profesión.
PUEBLA.- Marilyn Cote, señalada por ejercer como psiquiatra sin contar con acreditaciones profesionales, continuará en prisión, pese a que nueve de las 11 personas afectadas por sus acciones alcanzaron acuerdos reparatorios. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que la mujer aún enfrenta tres procesos judiciales, dos en el ámbito local y uno federal.
La fiscal general Idamis Pastor Betancourt explicó que los acuerdos modificaron parcialmente su situación jurídica, pero no implican el cierre total de los procedimientos. “Todavía hay dos personas que no han llegado a este acuerdo”, precisó, al tiempo que señaló que la Fiscalía ha orientado a las víctimas para no aceptar convenios, aunque la decisión final corresponde a cada una.
Procesos abiertos
Cote enfrenta dos carpetas judicializadas en Puebla por usurpación de profesión, usurpación de funciones y amenazas, además de una causa federal por suministro de narcóticos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuviera su vinculación a proceso por prescribir medicamentos controlados sin cédula profesional ni autorización para ejercer como psiquiatra.
El delito federal contempla una pena superior a cinco años de prisión, lo que impide acceder a mecanismos alternativos de solución o suspensión condicional del proceso. Por ello, los acuerdos con algunas víctimas no le permiten recuperar su libertad.
El caso
El caso de Marilyn Cote se hizo público en noviembre de 2024, cuando comenzaron a difundirse evidencias sobre sus credenciales falsas y la prescripción irregular de medicamentos en un consultorio ubicado en las Torres Médicas de Puebla. Tras permanecer prófuga, fue detenida en Tlaxcala y trasladada al Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán, donde permanece recluida.
La FGE mantiene abiertas las investigaciones locales, mientras que el proceso federal continúa en curso. Hasta ahora, los acuerdos alcanzados con nueve víctimas no han puesto fin al caso, y su situación jurídica deberá resolverse ante las autoridades judiciales correspondientes.
