Sumario: Las detenciones superaron las 10 mil en una semana; organizaciones alertan riesgos para comunidades haitianas tras el fallo de la Corte Suprema que permite revocar el TPS.
CIUDAD DE MÉXICO.— El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos duplicó su ritmo de detenciones diarias, pasando de alrededor de mil arrestos a cerca de dos mil por día, como parte de una estrategia impulsada por la Administración de Donald Trump para intensificar la aplicación de leyes migratorias. La información fue reportada por The New York Times y retomada por el medio argentino Página 12, que dio cuenta del incremento y de los operativos de bajo perfil realizados en la vía pública, controles migratorios e inspecciones de tránsito.
Según documentos internos citados por el diario estadounidense, la Casa Blanca pidió a los responsables regionales del ICE redoblar esfuerzos para localizar y detener a personas susceptibles de deportación. Funcionarios federales reconocieron que no está claro cuánto tiempo podrá sostenerse este nivel de actividad.
Impacto en comunidades haitianas
En paralelo, Human Rights Watch (HRW) alertó que la deportación de haitianos tras el fallo de la Corte Suprema contra el Estatus de Protección Temporal (TPS) podría equivaler a una “sentencia de muerte”. El informe, citado por Página 12, documenta que Haití enfrenta una crisis humanitaria extrema: más de 8,200 asesinatos entre 2025 y 2026, 1.5 millones de desplazados internos y 5.83 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda.
HRW señaló que cerca de 350 mil haitianos protegidos por el TPS quedarían expuestos a regresar a un país donde grupos criminales controlan el 90% de Puerto Príncipe. La organización también advirtió afectaciones económicas en Florida, donde viven 158 mil haitianos con TPS, quienes aportan 2,600 millones de dólares anuales a la economía estatal.
Freno judicial en Arizona
Mientras tanto, el estado de Arizona alcanzó un acuerdo judicial con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que frena la apertura de un nuevo centro de detención en la ciudad de Surprise, con capacidad para 1,500 camas. La fiscal estatal, Kris Mayers, argumentó que el proyecto debía someterse a un estudio de impacto ambiental antes de iniciar operaciones, en respuesta a preocupaciones de residentes y defensores de migrantes.
El Gobierno federal había adquirido una bodega para convertirla en centro de reclusión, con un costo inicial de 70 millones de dólares y gastos operativos estimados en 180 millones anuales, como parte del endurecimiento de la política migratoria de la Administración Trump.
