El Centro Histórico de Puebla, inscrito como Patrimonio Mundial, encarna una compleja interacción entre historia, identidad y dinámicas urbanas que se manifiesta en su traza reticular, en los barrios que preservan oficios heredados y en celebraciones que han sobrevivido a lo largo de generaciones; sin embargo, este carácter vivo y en constante resignificación enfrenta una presión creciente derivada de la turistificación y de un modelo de gestión urbana que prioriza la rentabilidad por encima del derecho de la comunidad a habitar y participar en la vida del centro.
La declaratoria de Patrimonio impulsó proyectos de restauración y promoción que generaron beneficios iniciales, como la llegada de inversiones, la apertura de nuevos comercios y el aumento del empleo en el sector servicios. No obstante, estos logros vinieron acompañados de un cambio estructural profundo: la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de la vivienda y la sustitución de actividades tradicionales por servicios diseñados para visitantes han transformado la composición social del territorio, propiciando el desplazamiento progresivo de familias históricas y comerciantes locales que hoy ven limitadas sus posibilidades de permanecer en el área.
Este proceso ha configurado una marcada dualidad territorial. En un extremo, las calles principales y plazas emblemáticas se muestran renovadas, integradas a circuitos turísticos y promocionadas como escaparates del patrimonio arquitectónico; en el otro, numerosos barrios de alto valor cultural permanecen fuera del radar institucional, sin mantenimiento suficiente y al margen de los beneficios de la derrama económica. Esta desigualdad responde a políticas patrimoniales que concentran recursos en zonas de alta visibilidad, relegando a espacios con menor proyección mediática. El resultado es una fragmentación territorial evidente y la reforzada percepción de que la protección del patrimonio se concibe más como un producto que como un derecho colectivo.
La mercantilización del centro ha alterado no solo la estética urbana, sino también la estructura social. Proyectos como el Paseo del Río San Francisco, presentados como iniciativas de mejora, implicaron expropiaciones y desalojos que alteraron el tejido comunitario, favoreciendo usos vinculados al consumo cultural y reduciendo la función habitacional del área. Esta reconfiguración ha derivado en que muchas vecindades históricas sufran un deterioro intencional o inducido para facilitar su reconversión en alojamientos temporales o comercios, proceso que incrementa el valor del suelo, pero erosiona el patrimonio intangible, desdibujando relaciones vecinales, costumbres y vínculos que dotan de identidad al lugar.
El fenómeno ha traído consigo otros efectos visibles. Al disminuir la población residente, el centro se vacía en las noches y fines de semana, generando entornos propicios para la inseguridad. La falta de iluminación, la escasa vigilancia y el abandono de ciertas calles refuerzan la percepción de vulnerabilidad, lo que desincentiva el uso social del espacio público y contribuye a un círculo vicioso de deterioro y desinterés ciudadano. Así, el territorio pasa de ser un entorno habitado y protegido por su comunidad a convertirse en un espacio de tránsito efímero, donde la lógica del visitante predomina sobre la del habitante.
La creciente dependencia económica del turismo ha incentivado una valorización selectiva del espacio urbano, concentrando los beneficios en actores privados vinculados al sector y desplazando a los residentes originales hacia áreas periféricas. Esta dinámica no solo modifica el uso del suelo y el valor de la propiedad, sino que también transforma la función social del centro, que deja de ser un lugar de residencia para convertirse en un escenario diseñado para el consumo visual y cultural, alimentando un modelo que privilegia al visitante sobre el vecino.
Aunque el patrimonio material se restaura y se promueve como atractivo global, el patrimonio social se debilita y erosiona de manera silenciosa. La ironía es que la conservación física de los edificios no garantiza la preservación de la identidad que históricamente ha sostenido al centro, pues sin sus habitantes las calles restauradas se convierten en decorado, en una postal sin vida comunitaria. Esta contradicción revela los límites de una patrimonialización guiada por intereses de mercado y no por el bienestar colectivo.
En este contexto, revertir la dualidad territorial implica replantear el papel del turismo y del patrimonio en la planificación urbana. El territorio y su herencia cultural deben entenderse como construcciones colectivas sujetas a negociación constante, donde la participación ciudadana no sea una formalidad, sino un mecanismo efectivo para garantizar que las intervenciones respondan también a las necesidades de quienes han dado vida al espacio. Un modelo que equilibre la rentabilidad económica con la sostenibilidad social no solo preservaría el valor arquitectónico, sino que fortalecería los lazos comunitarios y evitaría que la memoria viva del Centro Histórico se diluya bajo la sombra del turismo global.
Luis Fernando Salazar Monsalve
Doctor en Desarrollo Regional por El Colegio de Tlaxcala. Profesor Investigador en la BUAP, donde imparte clases en la Maestría en Gestión del Turismo y la Licenciatura en Administración Turística. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI-SECIHTI) y del Cuerpo Académico “Turismo: Gestión, Gobernanza y Desarrollo”. Sus líneas de investigación abordan territorio, geografía, sostenibilidad y patrimonio. Ha sido ponente y autor en foros académicos nacionales e internacionales.
Correo: luis.salazar@correo.buap.mx
