PUEBLA, MÉXICO.- Once intentos de linchamiento han ocurrido en el estado de Puebla en los seis meses que han transcurrido de este año 2022, así lo confirmó la mañana de este lunes la secretaria de gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral.
Lo anterior luego del linchamiento que ocurrió el pasado fin de semana en la comunidad de Papatlazolco, en el municipio de Huauchinango, donde un joven de 31 años murió a manos de una multitud.
Los pobladores de dicha localidad habrían señalado de “robachicos” a la víctima identificada como Daniel Picazo, un abogado que colaboró en la Cámara de Diputados quien habría acudido al municipio para conocerlo, de acuerdo con datos de El Universal.
Justicia, no revancha: linchamiento como respuesta a la violencia
A decir de Hill Mayoral, de este tipo de actos ilícitos registrados en 2022, se ha contabilizado sólo una persona fallecida y se han rescatado 15 personas, como resultado de la activación de los protocolos de atención.
Añadió que se ha llevado a cabo la capacitación de personal de 144 ayuntamientos, “lo que ha permitido que se reduzca de manera importante estos casos”; además, que se trabaja coordinadamente con las comunidades y autoridades de Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno para la retención de personas, aunque no especificó cuántas se registran al momento.
VIOLENCIA COLECTIVA
Desde el 2015, los linchamientos en el país han presentado una tendencia constante de crecimiento: por ejemplo, en 2016 del 37% más respecto al año anterior; y en 2018 un aumento de 190% respecto al 2017, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los linchamientos “constituyen una de las expresiones más graves de la crisis en materia de inseguridad, violencia e impunidad”, refiere dicho Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional 2019 (https://bit.ly/2KXzYML).
Este tipo de actos ocurren como consecuencia de la desconfianza y lejanía de la sociedad con las autoridades, la falta de aplicación de la ley, y la incapacidad de instancias de gobierno para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, especifica dicho documento.
“Las expresiones de violencia colectiva o linchamientos ilustran la falta de capacidades del Estado, para mantener el monopolio legítimo del uso de la fuerza y el control sobre el territorio, garantizando la aplicación de la ley y la seguridad de la población, funciones primordiales no cumplidas, que son síntomas de una crisis de autoridad e institucionalidad”.
El informe añade que, en su gran mayoría, los linchamientos “buscan la atención y solución al problema de la inseguridad ciudadana, aunque en realidad constituyan actos de desprecio y descalificación hacia las autoridades y la vigencia del Estado de Derecho”.
La falta de seguimiento a casos –continúa el informe– por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, resulta ser un factor determinante en la atención y erradicación del fenómeno pues se abre una carpeta de investigación y, en contadas ocasiones, se reportan detenidos, se investiga o se da seguimiento al caso.
Por ello, la CNDH argumenta que las autoridades deberían actuar para prevenir e investigar diligentemente los casos, aplicando las consecuencias que en derecho procedan a los responsables de los mismos.
