PUEBLA, MÉXICO.- Una sanción que se paga con cinco a siete años de cárcel, es la pena que podrían recibir aquellos que vendan la vacuna contra el Covid-19, sentencia que aumentaría hasta los 10 años en caso de cometerse por parte de autoridades médicas.
El gobernador Miguel Barbosa anunció en rueda de prensa que este día el gobierno del estado enviará al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar como delito la venta de vacunas contra el Sars-Cov-2, dosis falsificadas o sustancias que se vendan con el anuncio de curar esta enfermedad.
El mandatario estatal añadió que la sanción no es solamente para quien lleve a cabo esta conducta, sino para quien pretenda engañar a la gente con estos fines, pues reprobó cualquier tipo de estafa con el medicamento o las supuestas dosis que ayudan a combatir al nuevo coronavirus.
El consejero jurídico Ricardo Velázquez explicó que los artículos del Código Penal a modificarse serían el Artículo 403 donde se indica un fraude genérico “cuando utilizando el dolo del engaño o el error en que alguien se halla, se obtiene un lucro indebido”; y una modificación a la vigésimo primera fracción del Artículo 404 que señala un fraude específico.
Tras las modificaciones, el Artículo 403 se leería del siguiente modo: “A la persona que venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte sustancias que se ofrezcan como vacunas contra el virus Sars-Cov-2/Covid-19, falsificadas, alteradas, contaminadas o adulterada, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o a las que vendan y entreguen sustancias falsas o aquellas que no están autorizadas por la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios o que siendo verdaderas y originales, autorizadas, no se entreguen”.
Mientras que la fracción vigésimo primera del Artículo 404, describiría lo siguiente: “Aquellas personas que cometan estas conductas se les impondrán de cinco a siete años de prisión. La presente sanción se incrementará hasta en una mitad cuando el delito lo cometa un profesional de la salud y con la suspensión de su cédula profesional o licencia comercial por 10 años para el derecho de ejercer su profesión o comercio”.
Barbosa Huerta agregó que tanto órganos autónomos como poderes públicos tienen la responsabilidad de evitar que la sociedad sea objeto de fraudes, tal como lo advirtió ayer mismo.
Gobernador de Puebla promete cárcel a quien lucre con las vacunas contra Covid-19
“Debemos, desde los órganos autónomos, poderes públicos, cuidar a nuestra sociedad. Vamos a proteger a nuestra sociedad de que no sea objeto de más engaño por parte de quienes ven en ese momento la oportunidad de obtener de manera ilícita ingresos a través del engaño”.
