PUEBLA, MÉXICO.- La IBERO Puebla celebró la presentación del libro Prisión preventiva oficiosa en México, un texto que analiza la imposición de la prisión preventiva obligatoria como violatoria de los derechos humanos, donde se vulneran las garantías judiciales, el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso.
El libro, escrito en coautoría por Alexandra Esquivel Díaz, Víctor Rodríguez Recia y Gabriel Esquivel Díaz, contiene una guía práctica para la actuación del órgano jurisdiccional al otorgar la prisión preventiva; la del Ministerio Público (MP) al solicitar la imposición, y la de la defensa al debatir dicha medida cautelar, establecida en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional.
El Estado no justifica la razón por la cual debe existir una prisión oficiosa. El legislador no le da la oportunidad al juzgador para revisar, caso por caso, dónde se va a dar la prisión, lo que deriva en múltiples prácticas discriminatorias.
“Cuando el legislador impone la prisión preventiva oficiosa en un catálogo del artículo 19 hay una violación a múltiples derechos humanos”, comentó Alexandra Esquivel en videoconferencia.
Para los autores, la decisión de imponer prisión preventiva debe ser discrecional con base en cada caso. “El Estado debe permitir que vengan expertos de organismos internacionales para que les den la guía, aunque lo mejor sería que el Estado escuchara, que nos quedemos en sede interna”. La coeditora agregó que la reclusión previa al juicio no debe ser para todos los casos.
Exhortó a los estudiantes de Derecho a hacer una defensa adecuada de las personas que están a punto de ser detenidas arbitrariamente. Al mismo tiempo, llamó a que el MP justifique realmente que una persona esté bajo custodia y, de ser el caso, ejerza el principio de alternatividad. “Este no es un nuevo paradigma. Tenemos que exigir que en todos los juicios se respeten las garantías”, cerró.
A DESTACAR
Prisión preventiva oficiosa en México nació del caso 1-2018 Pedro Zaragoza: durante 56 días, el empresario chihuahuense estuvo detenido en una prisión de Culiacán de manera ilegal y arbitraria. El caso fue llevado por Víctor Rodríguez Recia a la Organización de las Naciones Unidas, donde se concluyó que, en México, las leyes pueden aplicarse por consigna.
Como resolución, la ONU solicitó al Gobierno mexicano una investigación completa en donde se adopten medidas en contra de las personas responsables de las violaciones de derechos. Por tal motivo, la obra busca ofrecer las bases para establecer un buen debate en torno a la prisión preventiva con el fin de eliminar la oficiosidad, pues viola una infinidad de derechos humanos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales.
