MÉXICO.- ¡Qué canijo!”, grita a sus compañeros el defensor del medio ambiente Samir Flores Soberanes, quien ha salido de su casa en Amilcingo, Morelos y se acerca a su asesino, quien lo ha engañado con la supuesta adquisición de publicidad en la radio comunitaria en la que trabaja.
Camina unos 10 metros y un proyectil de acero atraviesa su cuerpo. Su asesino le ha disparado a quemarropa. El cómplice le da el segundo tiro para luego escapar en un automóvil negro, en el que son esperados por otras dos personas.
El campesino indígena náhuatl era integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, que se oponía a la construcción del Proyecto Integral Morelos y a la operación de la termoeléctrica Central de Ciclo Combinado de Huexca, y a más de un año de su asesinato, el 20 de febrero de 2019, aún se desconoce a los homicidas.
En los últimos siete años, de 2012 a 2019, las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio han sido blanco de ataques. Existen 499 casos documentados de agresiones. En 2015 y 2016, vivieron los días más peligrosos, al registrar 107 y 85 ataques, respectivamente.
Estos son los resultados del Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, México 2019, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la asociación civil CartoCrítica.
“Si tratamos de entender en qué momento de este periodo fueron ocurriendo (las agresiones), cómo se fueron modificando las agresiones. Nos topamos que la primera mitad del periodo (del sexenio anterior), las amenazas, las agresiones físicas y el uso indebido de la fuerza eran las que tenían mayor preponderancia”, explicó Manuel Llano, director de CartoCrítica.
“A mitad del periodo, aumentó la difamación y el hostigamiento. Hacía el final del periodo, el homicidio y la privación ilegal de la libertad aumentaron a más del doble. Y hay que decir que la criminalización y la intimidación fue una constante a lo largo de este periodo”, añadió.
A partir de la Guerra contra el Narcotráfico en 2006, la violencia contra los activistas se agudizó, en la que se observa un patrón sistemático y generalizado de violaciones graves por parte del Estado mexicano.
“Dicha situación se agravó a raíz de la entrada en vigor de la reforma al sector energético aprobada por el Congreso, en diciembre de 2013”, señala el documento.
En el sector energético, se registraron 29 por ciento de las agresiones, principalmente en las plantas hidroeléctricas y eólicas. Le siguen la minería y el sector hidráulico, además de que “casi la mitad de las agresiones registradas en relación con el sector hidráulico están relacionadas con la construcción del Acueducto Independencia en Sonora”, indica el informe.
Los defensores ambientales constantemente son amenazados. De las 460 agresiones registradas en el sexenio pasado 2012 a 2018, se identificaron 175 amenazas que representan 38 por ciento de los casos; 84 fueron agresiones físicas que significan 18 por ciento y existen 82 casos de criminalización que constituyen 18 por ciento.
“Las entidades federativas donde existen el mayor número de ataques en el periodo indicado son Oaxaca, con 79; Sonora con 49, y Estado de México, con 48 casos de agresiones”, y le siguen Puebla, Chihuahua, Guerrero, Veracruz y Chiapas señala el documento.
