MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que son insuficientes los esfuerzos de las autoridades para abatir la incidencia de secuestros contra personas migrantes, y un ejemplo de ello es la reciente desaparición de las 22 centroamericanos en el estado de Tamaulipas.
“La actuación de las autoridades no corresponde con la gravedad y frecuencia del delito que se ha incrementado como resultado, entre otros factores, de la impunidad”, dijo el organismo en un comunicado.
Recordó que el 15 de junio de 2009 emitió el “Informe Especial Sobre los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes”, en el que analizó el contexto de los delitos contra ese grupo y se propusieron medidas a las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Instituto Nacional de Migración (INM). La CNDH calculó que en un semestre (de septiembre de 2008 a febrero de 2009), las nueve mil 758 víctimas secuestradas generaron ganancias aproximadas a los 25 millones de dólares.
En tal sentido, resaltó que los esfuerzos para incidir en las conductas delictivas no han sido eficaces ni hay coordinación entre las dependencias federales y estatales para frenar el elevado número de plagios de personas migrantes, ya que faltan mecanismos de seguimiento y análisis de medidas para prevenirlos.
Exhortó a dar cumplimiento a las propuestas que ha remitido a diversas autoridades, en aras de crear políticas públicas efectivas para garantizar la no repetición de tan lamentables hechos.
“La CNDH estará atenta al desarrollo de las investigaciones en torno a la desaparición de las 22 personas migrantes en el estado de Tamaulipas, con la finalidad de observar que las autoridades de los tres niveles de gobierno, encargadas de las acciones de búsqueda y localización, tengan como prioridad el hallazgo con vida y en pleno respeto a los derechos humanos de esas personas”, expresó.
Consideró que las agresiones contra los migrantes en Tamaulipas aquejan no sólo a las personas extranjeras en contexto de movilidad, sino a la comunidad en su conjunto, por la inseguridad en esa y otras zonas, y los riesgos que al transitar por ahí se presentan, afectando el Estado de derecho y el ejercicio pleno de las garantías.
Desde 2009, la comisión denunció públicamente los casos de migrantes que son víctimas de delitos en su tránsito por territorio nacional, y solicitó a las autoridades la adopción de medidas de investigación, protección y prevención para atender dicho problema.
Además, pidió la conformación de políticas públicas que garanticen la no repetición de tales sucesos, en beneficio de la protección integral de los derechos humanos de ese grupo en situación de vulnerabilidad. En febrero de 2011, la CNDH hizo público el “Informe Especial sobre secuestro de Migrantes en México”, en el que documentó que para 2010 la cifra se incrementó a 11 mil 333 víctimas en seis meses (de abril a septiembre 2010).
Se trató de 214 eventos de secuestro masivo y los “focos rojos” fueron en los estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.
No obstante, “se advirtió que las autoridades no implementaron acciones eficaces para combatir y prevenir las causas del delito, ya que en agosto de 2010 fueron encontrados 72 cuerpos sin vida de migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas”, indicó.
Ante ese lamentable hecho y la falta de acción de las autoridades, el 23 de diciembre de 2013, la CNDH emitió la recomendación 80/2013, por la privación de la vida de esas 72 personas, dirigida a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno del estado de Tamaulipas.
Para garantizar la no repetición de esos hechos se propuso la coordinación entre las autoridades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública para recabar información y combatir la privación ilegal de la libertad de los migrantes.
Ello, con el fin de generar un diagnóstico útil para el diseño de políticas públicas de prevención, investigación y persecución de ese delito, e intensificar la vigilancia en las rutas de tránsito de migración en el país, particularmente en las zonas identificadas como de alto riesgo.
El 18 de octubre de 2017 se emitió la recomendación 8VG/2017 por el caso de 49 personas halladas sin vida en Cadereyta, Nuevo León, dirigida a la entonces PGR y a los gobiernos de los estados de Nuevo León y de Tamaulipas.
En la recomendación se reiteró la necesidad de realizar un diagnóstico sobre las rutas de tránsito de migración en el país, particularmente en las zonas identificadas como de alto riesgo para la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de los migrantes, con el fin de que se intensificaran acciones de vigilancia y así evitar casos similares.
La CNDH indicó que ha acercado sus servicios a estas personas mediante visitas constantes a las estaciones migratorias, albergues y casas de migrantes, así como en otros lugares en que éstos se concentran o transitan, para recibir sus quejas o testimonios por las violaciones a las garantías a su paso por México.
Precisó que durante estas actividades, personal de la CNDH detectó la incidencia de narraciones de secuestro y la insuficiente actuación de las autoridades migratorias, de los encargados de la seguridad pública y de la persecución de los delitos.
