PUEBLA, MÉXICO.- A pesar de que desde hace poco más de dos años debió entrar en funciones el Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del estado, el retraso en la expedición de la convocatoria para la designación de los representantes ciudadanos de este organismo y las aparentes deficiencias que tuvo ésta aplazarían aún más el arranque de esta instancia.
En general, la creación del marco legal para atender la discriminación en la entidad y la aplicación de la misma ha sido un tema relegado por las autoridades ejecutivas y legislativas por más de cinco años, lo cual se justificó con el argumento de falta de consenso político.
Así lo señaló el diputado Sergio Céspedes Peregrina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, responsable de la convocatoria para seleccionar a los tres miembros faltantes del Comité.
“En este tema de democracia las mayorías se tienen que ir construyendo, entonces en ese aspecto se venía ya trabajando de mucho tiempo atrás y se decidió que este fuera el momento para darle paso”, comentó al ser cuestionado sobre el retraso para este procedimiento.
EL RETRASO
En septiembre de 2012 cuando el entonces diputado local José Juan Espinosa Torres presentó la iniciativa para crear la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla; pese a que en su momento organizaciones sociales exigieron la aprobación inmediata de la misma, fue hasta noviembre de 2013 cuando la misma fue publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Dentro del dictamen se establecieron dos plazos concretos que no fueron cumplidos; en primer lugar, se dio un período de seis meses a la Secretaría General de Gobierno para que se emitiera el reglamento de la ley, y posterior a esto se dieron 30 días adicionales para que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso lanzara la convocatoria.
Pese a esto, fue hasta septiembre de 2015 -es decir con 16 meses de retraso- que se expidió el citado reglamento, lo que implicaría que en octubre de ese año se tuvo que haber iniciado el proceso para la designación de los representantes ciudadanos.
Sin embargo, fue el 12 de octubre de este año cuando finalmente se lanzó la convocatoria, la cual no fue bien recibida por organizaciones sociales, como El Taller, el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana, consideraron que los requisitos establecidos eran excluyentes, discriminatorios y subjetivos -como es el que los aspirantes “gocen de buena reputación y prestigio”.
POCO INTERÉS
Aunque fue el 9 de noviembre cuando se cerró el plazo para el registro de postulantes, sólo tres personas presentaron la documentación solicitada en la convocatoria: Jesús Soto Santiesteban, Mariano Barrales Cruz y Georgina Fierro Sosa.
Esto ya representaría un obstáculo para seguir con el procedimiento, pues no se cumple con lo establecido por la propia Ley en cuanto a la forma en la que se tiene que llevar a cabo el procedimiento de selección, pues se señala que una vez “vencido el plazo fijado por la convocatoria, la Comisión [de Derechos Humanos del Congreso], integrará una lista de al menos 9 ciudadanos candidatos a representantes de la sociedad civil”.
Al respecto, Céspedes Peregrina indicó que será en el transcurso de los próximos días se definirá cuál será el siguiente paso a seguir, ya sea continuar sólo con los tres aspirantes registrados o iniciar un nuevo proceso para convocar a más ciudadanos para formar parte.
¿DE QUÉ SIRVE?
Una de las facultades primordiales que tendrá el Comité una vez que entre en funciones, según se establece tanto en la Ley como en su reglamento, es que podrá recibir quejas o reclamaciones por parte de personas físicas, colectivos y organizaciones sociales sobre actos presuntamente discriminatorios, darle seguimiento a éstas y, en su caso, dar solución a las mismas.
Es decir, será la instancia a nivel local que tendrá conocimiento de los hechos discriminatorios que se cometan en la entidad, similar a lo que hace la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Este organismo estará compuesto por 15 personas, de las cuales sólo tres serán representantes de la sociedad civil, y durarán en el cargo tres años.
En cambio, el resto de los espacios estarán ocupados por funcionarios públicos, como es el gobernador en funciones que fungirá como presidente honorario, mientras que el presidente ejecutivo será el titular de la Secretaría General de Gobierno, quien además propondrá al secretario técnico del comité; también se tendrán nueve vocales que serían los titulares de las dependencias del gabinete.
