PUEBLA, MÉXICO.- A 11 meses de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió el pliego de recomendaciones que debe cumplir el gobierno del estado de Puebla para evitar una alerta de violencia de género, las autoridades se han mantenido cerradas a la colaboración de organizaciones sociales para participar en la definición de las acciones que se deben tomar, lo cual motivó a que activistas recurrieran a la justicia federal para acabar con este bloqueo institucional.
Violeta Lagunes Viveros, vocera de Todos para Todos dio a conocer que desde principios de mayo la organización presentó un recurso ante los juzgados de distrito de la Ciudad de México, con el cual si bien lo que se busca combatir la falta de voluntad política de las autoridades poblanas por la falta de apertura a la sociedad para estudiar los temas de violencia de género, el recurso tuvo que enfocarse en contra de una disposición jurídica para ser viable.
De este modo, el amparo, que quedó registrado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México con el número 585/2017, se impugna los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los cuales se hace referencia al procedimiento de la emisión de la alerta de género.
Esto, explicó, pues en la citada ley no se indica de manera textual que los gobiernos deberán buscar a organizaciones sociales para la discusión de las medidas que se deberían tomar para combatir la violencia de género, cuestión que fue tomada al pie de la letra por parte de las autoridades poblanas, pues señaló que en otros estados cuando se han emprendido procesos similares sí se han tenido mesas de trabajo entre los gobernantes y los ciudadanos.
Lagunes Viveros criticó que en estos meses nunca se haya invitado a la organización a alguna reunión de trabajo, pese a que ésta fue una de las que pidió que se emitiera la alerta de género en el estado, por lo que insistió que no hay voluntad política de parte de las autoridades.
Si bien fue la exdiputada panista quien dio a conocer que se presentó el amparo, ella no fue quien hizo el trámite ante los juzgados federales, pues de acuerdo con los reportes del Consejo de la Judicatura Federal fue Yesica Martínez Taracena, en representación de Todos para Todos, quien presentó el recurso.
Aunque será el 8 de junio cuando se llevará a cabo la audiencia constitucional, es decir que en esa fecha las partes señaladas deberán presentar sus alegatos, llama la atención que previo a esto la Directora General Adjunta de Políticas Públicas para la Prevención y Erradicación de la Violencia solicito que se le regresaran de manera temporal “los cuatro discos compactos, la memoria usb y las copias certificadas del expediente formado con motivo de la solicitud de declaratoria de violencia de género contra las mujeres en el Estado de Puebla”, sin que en el Sistema de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal no se detalla para qué quería dicha documentación, la cual estaba obligada a devolver al juzgado pues se considera fundamental para determinar la sentencia.
