PUEBLA, MÉXICO.- El hecho de que las autoridades cumplan con la difusión de la información pública de oficio que establece la Ley de Transparencia del estado no es suficiente, pues lo importante es verificar que ésta sea de calidad y entendible para los ciudadanos, afirmó Cuauhtémoc Isidoro, integrante de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información Capítulo Puebla.
Señaló que si bien este viernes tiene que estar en funcionamiento el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia a nivel nacional, en el cual los 339 sujetos obligados de Puebla deben difundir la información pública de oficio, se tiene que verificar el contenido y no sólo el que se cumpla con esta acción.
“Más allá de que publiquen el siguiente paso es evaluar la información, porque si se ve información financiera que tiene muchos términos o terminología que es complicada para los ciudadanos, esto no abona al derecho de acceso a la información”, puntualizó.
Ante esto fue enfático al indicar que una vez que se difundan los documentos que están delimitados en la Ley de Transparencia, será necesario hacer una revisión “con lupa” para poder evaluar la calidad de los mismos.
Sin embargo, el escenario se ve complicado pues el acuerdo que aprobó el Sistema Nacional de Transparencia este miércoles (https://leviatan.mx/2017/05/04/sistema-nacional-de-transparencia-aplaza-sanciones-por-incumplimiento/) abre la puerta para que los sujetos obligados incurran en omisiones, comentó.
Una posibilidad, dijo, es que las entidades obligadas a rendir cuentas, intencionalmente, publiquen documentos incorrectos, y se justifiquen bajo el argumento de que se trató de un error y que lo corregirán como parte de la etapa diagnóstica.
De este modo, se permitirá que las autoridades retrasen la publicación de la información de manera discrecional e impune, pues sólo podrían ser sancionados hasta 2018.
Pero las omisiones podrían no ser cometidas solamente por los sujetos obligados, sino que incluso dado que se deja un período muy abierto para que los órganos garantes hagan los diagnóstocos, se podrían esperar hasta el último momento para evaluar a las entidades de gobierno y así permitirles mantenerse en la opacidad, lamentó el también académico de la Universidad Iberoamericana.
Y si bien durante la sesión del SNT fue Gabriela Sierra Palacios, presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Puebla, quien se opuso a este acuerdo, al decir que éste violentaba los derechos humanos de los ciudadanos, Cruz Isidoro refirió que habrá que ver si esta postura no se queda sólo en el discurso y si en realidad esto se trata de un cambio en la postura de la comisionada.
“Lo que dijo abre la puerta para que los ciudadanos valoremos qué tan bien hace su papel de cara a evaluar este piso mínimo de transparencia” que se establece con las obligaciones, apuntó.
