MÉXICO.- El diputado federal Alberto Martínez Urincho propuso nuevos tipos penales y más facultades y obligaciones de la autoridad en la materia de pirotecnia a través de reformas a cuatro leyes.
Se trata de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como las Ggnerales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y de Protección Civil, en las que plantea incluir sanciones más severas para quienes de manera ilegal vendan pirotecnia, en particular a menores de edad.
Señaló que los accidentes por quemadura son la segunda causa general de muerte en niñas y niños de 0 a 14 años, y corresponden a 12 por ciento de todas las muertes en infantes menores de 15 años de edad.
“Por ejemplo, la Fundación Michou y Mau ha señalado que cada 48 horas, un menor es víctima de quemaduras, ya que en las calles o mercados, los cohetes de todo tipo se venden con libertad”.
Su propuesta plantea dos nuevos tipos penales; uno se relaciona con la prohibición de permitir la presencia de menores de edad en lugares donde se produzcan, almacenen, transporte, comercialicen, reparen, transformen o almacenen pirotecnia, y el otro con sanciones a quienes se la vendan, permitan o faciliten.
En ambos casos se prevé para los infractores multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, pero en el primer caso se establece prisión de uno a cinco años y en el segundo de dos a cinco años, detalló el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En su argumentación sobre la necesidad de estos cambios, Martínez Urincho recordó las tragedias en Tultepec, Estado de México, y en otros estados del país, así como en otras naciones del mundo, como China.
Refirió además las estrictas medidas de seguridad establecidas en otras naciones para destacar la urgente necesidad de que se haga lo propio en el país para prevenir más tragedias como las que enlutan hogares mexicanos.
Destacó la importancia económica y social de la pirotecnia en México al señalar que al menos 50 mil familias viven de su producción, pero también destacó la necesidad de regularla con más rigor por su alta nocividad para el medio ambiente, la salud y la seguridad, pues su manejo inadecuado durante su producción, comercialización o transporte da lugar a diversos perjuicios.
