PUEBLA, MÉXICO.- Luego de varias décadas, el ayuntamiento regulará la forma en que operan las grúas que prestan servicios a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) para el arrastre de vehículos cobrando cargos fijados por ellos mismos y operando fuera de cualquier esquema legal.
A partir del mes de mayo quienes presten el servicio deberán hacerlo contando ya sea con un contrato o con una adjudicación y sujetándose a los cobros establecidos en la Ley de Ingresos Municipal.
En sesión ordinaria de comisiones unidas de Movilidad y Seguridad Pública, por unanimidad fue aprobado un acuerdo mediante el cual el Cabildo solicitará a la dependencia mencionada y a la Secretaría de Administración que determinen si establecerán contratos, lanzarán una licitación o adjudicarán directamente la prestación de este servicio a un particular o una empresa, lo que se tiene programado ocurra en la sesión ordinaria del próximo 18 de mayo.
¿Quiénes dominan el negocio?
Actualmente este negocio es dominado por los llamados “gruyeros” agrupados en la asociación Antorcha Campesina quienes controlan el 80 por ciento de los arrastres que se realizan mensualmente, ya sea por operativos de la SSPTM, por accidentes vehiculares o por infracciones que ameriten el retiro del automóvil. El resto se lo reparten las empresas denominada DEA y Doama, según un informe que dicha dependencia remitió al regidor Iván Galindo, pero la operación de las grúas es tan irregular que no se le informó el número promedio de arrastres que se realizan al mes.
Galindo ha destacado la gravedad de este asunto debido a que no sólo controlan el negocio sino que esas mismas grúas son utilizadas en ocasiones para cerrar calles cuando Antorcha Campesina realiza protestas en contra del gobierno, situación que el jueves pasado ocurrió frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.
El problema deriva en que la SSPTM no cuenta con grúas para realizar los arrastres y por un acuerdo cuyo origen nadie en el ayuntamiento conoce y que permanecido administración tras administración Antorcha Campesina ha controlado el negocio según ha declarado el regidor, quien por meses impulsó la regularización de esta situación.
¿Cómo funcionarán?
El regidor Adán Domínguez explicó que la SSPTM y Administración tienen tres opciones para que operen las grúas en el municipio: establecer contratos con una o varias empresas o particulares, adjudicar directamente a una o más empresas este servicios o bien lanzar una licitación pública y a partir de ellos elegir a una empresa o particular que lo haga.
En cualquier caso, se les pedirá a cualquier a ambas dependencia que lo implementen a la brevedad y evitar que continúe esta operación ilegal con cobros sin ningún tipo de regulación, dijo este día en la comisión Félix Hernández.
Una vez que se implemente, el cobro por el arrastre quedará de la siguiente forma: vehículos 983 pesos; camionetas y remolques mil 147 pesos; camiones, autobuses y minibuses mil 521 pesos y motocicletas, motonetas, triciclos y bicicletas (la ley de ingresos sí considera a estos dos últimos) 412 pesos.
El contrato o adjudicación que se consiga con las empresas determinará si las empresas obtienen un porcentaje de esos montos o se establece un pago regular mensual por el servicio que presten.
