PUEBLA, MÉXICO.- “No hay acciones contundentes. Las instituciones de gobierno encargadas de esta problemática siguen siendo débiles en recursos humanos y no disponen de dinero presupuestado. De hecho, el presupuesto para este 2017 para la administración del agua es de cero pesos”, dijo Melanie Camacho, presidenta de la asociación civil Dale la Cara al Río Atoyac.
En rueda de prensa, la presidenta de esta organización, señaló que la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Congreso del Estado solo cuenta con 11 millones de pesos, de ellos un porcentaje considerable es para pagar sueldos, de ese modo no se puede hacer frente a los problemas por medio de inspecciones, control de descargas y de infraestructura.
En el 2016, Dale la Cara al Río Atoyac sostuvo una reunión con el entonces gobernador electo Antonio Gali, y presentó una agenda estatal del agua en la que se detallaban los recursos necesarios para el saneamiento de este afluente: 200 millones de pesos al CEASPUE (el presupuesto para el 2017 de este organismo es de 11 millones de pesos); 15 millones de pesos para la Red de Monitoreo; y 237 millones de pesos para lo que se denomina Fábrica de Agua, y que se refiere a la inversión en los bosques que rodean a la ciudad de Puebla, acción vital si se piensa en la disponibilidad del agua. En total, sin considerar la aportación del gobierno federal para la regeneración de los bosques, son 452 millones de pesos contra los 11 millones destinados para este año.
Verónica Mastretta, consejera de esta organización, explicó que debido a la necesidad de recursos surgió la idea del fideicomiso, alineado a los criterios de la Red Internacional de Organismo de Cuenca (RIOC) en que se incluya la participación de los gobiernos, instituciones y representantes de la sociedad civil para garantizar la transparencia del uso de los recursos.
Agregó que las acciones que se deben realizar inmediatamente como parte de la responsabilidad del estado en lo que se refiere a las necesidades de control, inspección, saneamiento y recaudación en el proceso de regeneración de la cuenca del Alto Atoyac, serían en cuatro fases:
- Ampliar el capital humano en la estructura estatal para la gestión integral del agua.
- Incrementar el presupuesto existente en materia de fábricas de agua y para la infraestructura del saneamiento de la cuenca.
- Capacitar al personal de los municipios para crear sus propios padrones de usuarios y sus reglamentos de agua.
- La creación de un fideicomiso para la gestión integral de los recursos.
Mastretta Guzmán, respecto a la privatización del agua, advertida por las comunidades campesinas de Puebla, dijo que la constitución mexicana es muy clara: “la rectoría sobre el agua de la nación la tiene el estado mexicano y su órgano ejecutor es CONAGUA, esa es la única instancia que lo puede supervisar.”
Explicó que aunado a esto, otro problema es que en el valle de Puebla-Tlaxcala viven más de cuatro millones de personas, y sólo se tienen registradas 250 mil cuentas de agua, que soportan el consumo de un millón de habitantes. Por lo tanto hay tres millones de personas que consumen pero que no pagan el agua. Además de la falta de padrones del SOAPAP en muchos municipios del estado.
La necesidad de una verdadera rectoría del estado y una eficiente gobernanza del agua que puede lograrse con una perspectiva de cuenca y con una organización que supere las trabas legales que hoy existen entre los estados y los municipios y entre los distintos niveles de gobierno” concluyó.
