PUEBLA, MÉXICO.- Gerardo Benancio aunque tiene 24 años, los últimos 53 meses los pasó en una celda del Penal de Teziutlán, la mayor parte del tiempo esperando ser sentenciado por los delitos de robo y violación tumultuaria.
En el 2015 se le encontró culpable y en el Juzgado Penal de Teziutlán se le sentenció a ocho años de prisión, las pruebas en su contra fueron principalmente testigos y peritajes acreditados por la agencia del Ministerio Público de ese municipio.
Sin embargo, en abril pasado la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, luego de revisar las pruebas que incluían un peritaje que raya en lo absurdo pues apunta que la víctima del robo y violación, siendo un hombre, tenía daños en el “himén”, así como los testimonios que recababan datos sobre lo ocurrido en total concurrencia entre sí, incluso detalles muy específicos como el modelo de un teléfono celular, determinó revocar la sentencia y ordenó la liberación de Benancio.
Ayer Gerardo, junto a sus padres, narró por vez primera a los medios de comunicación que en agosto de 2012 un grupo de policías ministeriales ingresaron una noche a su casa y sin mediar orden de presentación los golpearon, esposaron y trasladaron desde su natal Acateno al penal de Teziutlán. Jamás se le mostró la orden de aprehensión, en el caso de que hubiese existido. Después se enteraría de que se le acusaba, junto a otras dos personas de haber robado y violado a una persona de nombre Mario, vecino de su comunidad conocida como dos aguas.
A partir de entonces su familia emprendió el recorrido por el largo y tortuoso camino que en México es ya tradición que es tener que lidiar con el sistema de justicia y los abogados. Sus padres narran que fueron defraudados en al menos tres ocasiones por supuestos abogados defensores que cada 15 días les pedían 5, 8 0 15 mil pesos para “ir a Puebla a ver cómo van los papeles”.
Uno de los tres detenidos y procesados era menor de edad al momento de la captura y su caso se siguió en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes donde se la encontró inocente y fue liberado. Mientras tanto la familia encontró en el camino al despacho de Víctor León Rueda y el caso de su hijo fue tomado por el abogado Rubén Flores.
El litigante comenta que una de las principales irregularidades que encontró fue la inequívoca coincidencia, incluso en detalles mínimos, de las declaraciones de los testigos, luego la versiones de la víctima en el sentido de que el dinero que se le había robado luego le había sido devuelto por los ladrones tras lo cual supuestamente lo chantajearon para que entregara más dinero y como si ello fuera poco, dictámenes periciales elaborados sin ningún cuidado.
Dice que la única forma en que se explica que un perito haya acreditado a la autoridad ministerial indicios de una violación considerando daños en el “himen” de la víctima, aún cuando la víctima es un hombre es suponiendo que tomando uno de los patrones que los peritos de la Fiscalía General del Estado tienen y lo relleno sin percatarse del notorio error, dado que ningún hombre puede tener himen.
Por ello apeló la sentencia del Juzgado Penal de Teziutlán y el caso cayó en la Segunda Sala Penal y según consta en la Toca número 177/2014 confirman las inconsistencias encontradas por el abogado e incluso invocan un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con los testigos.
Señala: “Testigos sospechosos. Si en sus declaraciones los testigos usan los mismo términos, engendran sospecha fundada de que han sido testigos preparados y si bien es verdad que los testimonios deben ser uniformes, esto se refiere a la sustancia y a los accidentes de los hechos sobre lo que declaran más no a los términos empleados en las declaraciones”.
Por ello, el 17 de abril decidieron revocar la sentencia y ordenar la liberación de Gerardo y el otro hombre que fue acusado del mismo delito en una decisión unánime de los tres magistrados que conforman la Sala.
Su abogado afirma que a luz de las actuaciones realizadas por la Agencia del Ministerio Público de Teziutlán puede afirmar que el delito jamás ocurrió y hubo una coordinación entre los funcionarios ministeriales y la supuesta parte agraviada para perjudicar a los acusados y ello queda demostrado en la revocación unánime de la sentencia.
Dada esta situación, Gerardo y su familia buscan que las autoridades ministeriales reparen los daños que causaron pues no sólo gastaron casi 300 mil pesos en visitas, abogados y demás gastos, sino principalmente la privación de su libertad de que fue objeto durante 4 años y meses. Asimismo buscan que la Fiscalía General del Estado ofrezca una disculpa por el error que cometieron y junto a su abogado dicen que con ello buscan que estos y otros casos que no se conocen no queden impunes.
