PUEBLA, MÉXICO.- La traducción de leyes, realización de diagnósticos, conferencias, capacitaciones y la creación del Observatorio de Acceso a la Justicia, son algunas de las acciones que ejecutará el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM) con recursos federales antes de que concluya 2019.
Estos proyectos fueron inscritos por el organismo estatal dentro del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, del Instituto Nacional de las Mujeres, el cual está enfocado a desarrollo de medidas institucionales para fortalecer a las instancias estatales y municipales enfocadas a la atención de las mujeres.
De acuerdo con las reglas de operación del programa, el objetivo de éste es “impulsar acciones que fortalezcan la incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos normativos, de planeación y programáticos en el ámbito local”, por lo cual los proyectos financiados con estos recursos son destinados a actividades administrativas y no sociales.
Para 2019, el IPM tuvo disponible una bolsa de cuatro millones 875 mil 802.1 pesos, sin embargo sólo registró 31 proyectos que suman tres millones 375 mil 400 pesos, según se refleja en un reporte publicado por este instituto en la plataforma de datos abiertos del gobierno del estado.
En este reporte se detalla que todas las acciones propuestas por la autoridad estatal se inscriben en la modalidad III de este programa, la cual se define como la “incorporación de la perspectiva de género en las acciones del gobierno, mediante la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México”.
De los 31 proyectos estatales, el que más recursos concentrará es la realización de un “diplomado en infraestructura y movilidad con perspectiva de género”, del cual se espera resulte un estudio sobre las condiciones de la infraestructura estatal; para esta acción se solicitaron 450 mil pesos.
Otros 246 mil 400 pesos se invertirán en la realización de un estudio sobre la paridad de género en las cámaras legislativas, y 220 mil pesos más para un “diagnóstico del ciclo vital de las mujeres que ejercen trabajo sexual en el Estado de Puebla”.
LAS MEDIDAS
Entre las medidas que desarrollará el IPM destacan la realización de propuestas para reformar los códigos Civil y Penal del estado de Puebla, que implicará un costo de 175 mil 200 pesos, y la traducción de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia al náhuatl, para lo que se solicitaron 66 mil pesos.
Por otra parte, se creará un Observatorio de Acceso a la Justicia en el Estado de Puebla, cuya planeación costaría 66 mil pesos adicionales, de acuerdo con la información publicada por el IPM.
El resto de las acciones enlistadas corresponden a programas de capacitación en materia de derechos humanos, lenguaje incluyente, derechos sexuales, mecanismos de atención a niños y niñas víctimas de abuso sexual, la aplicación del Protocolo Alba, entre otros temas.
Por último, cabe precisar que, de acuerdo con las reglas de operación de este programa, la transversalidad de la perspectiva de género “reconoce que las políticas y programas públicos no son neutrales al género y a su vez, las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres”.
