PUEBLA, MÉXICO.- Dentro del decreto con el que se reserva de manera parcial el uso de aguas superficiales de la región hidrológica del Papaloapan se incluirían a 18 municipios poblanos de la región del Valle de Tehuacán y la Sierra Negra.
En dicho decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio pasado, se menciona de manera general que los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca quedaron bajo la “reserva parcial de aguas nacionales superficiales para destinarse a los usos doméstico y público urbano en las cuencas hidrológicas Río Salado, Río Trinidad, Río Valle Nacional, Río Playa Vicente, Río Santo Domingo, Río Tonto, Río Blanco, Río San Juan, Río Tesechoacán y Llanuras de Papaloapan, de la Subregión Hidrológica Río Papaloapan, y en las cuencas hidrológicas Río Cotaxtla y Jamapa-Cotaxtla, de la Subregión Hidrológica Papaloapan A, ambas pertenecientes a la Región Hidrológica Número 28 Papaloapan”.
Dentro de esta cuenca, que cubre alrededor del 16 por ciento del territorio poblano, se encuentran los municipios de San Sebastián Tlacotepec, Eloxochitlán, Zoquitlán, Coyomeapan, Ajalpan, Coxcatlán, Zinacatepec, Altepexi, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, Caltepec, Vicente Guerrero, San Antonio Cañada, Nicolás Bravo, Tehuacán, Santiago Miahuatlan, Chapulco y Zapotitlán.
Sin embargo, a decir del delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Alberto Jiménez Merino, no se tiene certeza de cómo este decreto afectaría a la entidad.
USO DEPREDADOR DEL AGUA: ESPECIALISTA
La publicación de los decretos de reserva emitidos por el presidente Enrique Peña Nieto, en conjunto con la Conagua, en los últimos días ha generado críticas por el riesgo que se corre por la privatización del agua en todo el territorio nacional.
Al respecto Eduardo Morales Sierra, especialista en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ de la Universidad Iberoamericana campus Puebla explicó que estas acciones forman parte de un proceso privatizador del agua que inició desde 1992.
Recordó que en ese año se implementó la figura de la concesión de agua para uso privado, esquema operado desde entonces por la Conagua, instancia facultada para dar los permisos a particulares y empresas para usar el agua nacional para fines privados.
“Con esto el agua pasó de ser un bien común necesario para la vida a una mercancía”, comentó el académico.
Y si bien en 2012 se reformó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer el acceso al agua como un derecho humanos, se dio un plazo de 12 meses para que se emitiera una Ley General de Aguas apegada a esta nueva disposición constitucional la cual, a seis años no se ha logrado.
Esta falta de armonización del marco legal en materia de manejo del agua es lo que permitió que estos decretos contengan criterios contradictorios, pues aunque en éstos se hace referencia al agua como un derecho humano y un supuesto interés de cuidado al medio ambiente, en términos generales están apegados a la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992, comentó Morales Sierra.
En esta ley se establece el modelo de concesiones, continuó, el cual no sólo permite el uso privado del agua, sino que va en contra de los sistemas tradicionales y comunitarios del líquido.
Estas inconsistencias jurídicas son las que abren la posibilidad de que estos decretos, contrario a lo que presumen las autoridades, ayuden a fomentar un uso “depredador” del agua, ya sea con el manejo directo por parte de empresas privadas o con el aprovechamiento de los caudales para la generación de energía eléctrica para uso exclusivo de particulares, principalmente mineras, y los trasvases, proceso que implica mover grandes cantidades de agua de una cuenca a otra.
VERSIÓN OFICIAL
Ante las críticas que se han generado en torno a estos decretos, el director de la Conagua a nivel nacional, Roberto Ramírez de la Parra, dio una rueda de prensa en donde acusó que estos señalamientos tienen un fin meramente electoral.
En este encuentro, el funcionario federal reconoció que ya son 10 los decretos de reserva que se han publicado de 2013 a la fecha, y subrayó que éstos no tienen un fin privatizador.
Explicó que el volumen del agua reservada “no se puede otorgar en concesión ya que servirá para preservar el medio ambiente y para poder garantizar el agua para consumo humano” para los próximos años.
Detalló que en total con estos decretos quedan reservados 169 mil 913 millones de metros cúbicos para el cuidado del medio ambiente, mientras que un millón 366 mil 268 quedarán fuera del uso público urbano o uso doméstico.
Esto representa que quedará bajo reserva el 80 por ciento del agua disponible en estas cuencas, mientras que el caudal que queda fuera de estos decretos podrá seguir siendo aprovechado bajo concesiones o para uso doméstico, añadió, lo cual se definió con base a estudios de disponibilidad hechos en cada una de las cuencas.
“No afectan los derechos actuales que tiene nadie; es decir, estas reservas de aguas son sobre la disponibilidad, el excedente que no está concesionado a nadie, que no tiene absolutamente nadie. Es decir, no estamos afectando nada”, insistió Ramírez de la Parra, rechazando de manera categórica que estos decretos busquen privatizar el agua superficial del país.
