PUEBLA, MÉXICO.- Limitar la accesibilidad a personas con discapacidad, promover mensajes de odio, implementar esquemas de salarios diferenciados por un mismo trabajo y la negativa de dar información sobre salud reproductiva son algunas de las actitudes que a partir de ahora se considerarán legalmente como discriminatorias en el estado de Puebla.
Lo anterior luego de que los diputados locales aprobaron por unanimidad de votos la reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla, iniciativa que retomó algunas de las propuestas hechas durante la presente legislatura por miembros de diferentes fracciones parlamentarias así como la que presentó el gobernador José Antonio Gali Fayad en julio pasado.
Con esta reforma se establecen las acciones afirmativas y medidas de nivelación e inclusión que deben aplicar los entes públicos para generar condiciones de equidad hacia personas con discapacidad, indígenas o miembros de la comunidad LBGTTTI.
Sin embargo, uno de los elementos fundamentales de esta modificación fue la creación del artículo 6 Bis, el cual contiene el catálogo de “acciones y omisiones consideradas como discriminatorias”, las cuales fijan un criterio de qué no hacer.
Este listado, que incluye 35 actitudes, es solamente enunciativo, es decir no son las únicas conductas que se podrían considerar bajo este criterio, explicó el diputado Sergio Céspedes Peregrina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
Entre los puntos que se incluyen en este catálogo hay cuestiones evidentes como “la falta de accesibilidad en el entorno físico, en el transporte, la información, tecnología y comunicaciones, en servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público”, así como la negativa de hacer ajustes razonables para brindar igualdad de condiciones a personas con discapacidad.
Además se menciona como discriminación “realizar o promover violencia física, sexual o psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo”.
Sin embargo se contemplan otros tipos como el diseño de contenidos pedagógicos que contengan papeles desiguales o que “difundan una condición de subordinación”, condicionar el ejercicio de los derechos políticos y la participación en la toma de decisiones para la definición de políticas públicas, y obstaculizar el desarrollo pleno de las niñas, niños y adolescentes.
En materia laboral se consideran negar la posibilidad de elegir libremente un empleo o limitar las posibilidades de ascenso, marcar criterios de remuneración, prestaciones o condiciones laborales desiguales para trabajos iguales, o bloquear el acceso a programas de capacitación,
Por lo que hace a la discriminación en el ámbito de salud pública se mencionan la limitación el acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos, condicionar los servicios médicos o negar que el paciente participe en la toma decisiones sobre el tratamiento que fuera a recibir, así como la difusión de la información de su condición de salud y “estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/SIDA”.
También se enlistan algunas omisiones en el ámbito de justicia como son bloquear el acceso a la procuración e impartición de justicia, negar el derecho a ser oídos, a tener una defensa y la asistencia de intérpretes en los procesos judiciales; también se considera como un trato desigual estigmatizar a las personas con adicciones, o que estén en la cárcel.
Además, son contrarias a la ley las actitudes que promuevan la violencia por medio de mensajes e imágenes, e “incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o a la exclusión”; también se enlista limitar la libertad de expresión, pensamiento, conciencia y religión, siempre y cuando estas no atenten contra el orden público, y negar el derecho de elegir libremente una pareja.
EN PUERTA, COMITÉ CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
Si bien una de las críticas que han hecho organizaciones sociales en los últimos meses es el retraso de dos años que hay para la conformación del Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Céspedes Peregrina comentó que ya se tiene lista la convocatoria para la selección de los tres representantes ciudadanos de este organismo.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) explicó que sólo se estaba a la espera de aprobar esta reforma para poder comenzar el proceso de selección de los integrantes del Comité, por lo que sería en el transcurso de las próximas semanas cuando arranque éste.
Sin embargo, llama la atención que dentro del dictamen que se aprobó en la sesión extraordinaria de este miércoles el ajuste que se hizo en relación al Comité fue menor, pues sólo se incluyeron dentro de éste a representantes del Sistema Estatal DIF y de la Coordinación General de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos, pero sin que hubiera cambios en sí a la estructura o responsabilidades del organismo.
