- Organizaciones civiles protestaron dentro y fuera del Legislativo mientras la mayoría de diputadas y diputados anticipa su rechazo, pese al mandato de la SCJN que obliga a legislar el reconocimiento de identidad de género para menores.
PUEBLA, Pue.— La discusión sobre la llamada Ley de Infancias Trans volvió a encender el debate público y político en Puebla. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso local legislar de manera obligatoria para permitir que niñas, niños y adolescentes puedan rectificar su identidad de género en el acta de nacimiento, la mayoría de las bancadas adelantó que votará en contra.
Este jueves, dos grupos de organizaciones se manifestaron en el Poder Legislativo. La asociación Más Por Puebla pidió que el tema se aborde “de forma abierta” y sin violar derechos de la niñez, mientras que CitizenGo, Actívate, Civilitas y el Frente Nacional por la Familia exigieron que el Congreso “no ceda a presiones” de la SCJN.
Teresa Reyes, de Más Por Puebla, acusó que padres de familia y asociaciones han sido ignorados en el proceso. En tanto, Eliza Bonilla, de CitizenGo, entregó 24 mil 500 firmas en rechazo a la iniciativa y afirmó que la Corte “no representa a los poblanos”.
Mayoría legislativa anticipa voto en contra
Diputadas y diputados de Morena, Partido Verde, PT, PAN, PRI y Nueva Alianza expresaron su rechazo al dictamen, argumentando que los menores no cuentan con la madurez suficiente para definir su identidad de género.
La morenista Nayeli Salvatori afirmó que su voto sería en contra, al considerar que estas decisiones deben tomarse en la mayoría de edad. El legislador Andrés Villegas señaló que el tema requiere un análisis profundo y advirtió que puede convertirse en “bandera política”.
Por su parte, el diputado Jaime Aurioles matizó que el dictamen aborda un proceso administrativo, no médico, y recordó que el Congreso está obligado a cumplir la sentencia de la SCJN.
¿Qué ordenó la Suprema Corte?
La SCJN instruyó modificar el artículo 875 Ter del Código Civil para permitir que menores de edad puedan obtener una nueva acta de nacimiento que reconozca su identidad de género autopercibida, con acompañamiento de padres o tutores y bajo el principio del interés superior de la niñez.
Aunque el Congreso debe legislar, las posturas actuales apuntan a que el dictamen podría ser rechazado o modificado drásticamente antes de llegar al pleno.
