PUEBLA, MÉXICO.- A tres años del operativo de desalojo de manifestantes de la junta auxiliar San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente a Santa Clara Ocoyucan, que terminó con la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aún no da por cumplida la recomendación que emitió al gobierno del estado de Puebla por este caso.
El expediente 2014/2VG que el organismo nacional emitió por encontrar violaciones graves a los derechos humanos de los pobladores, aún figura con el estatus de “en trámite” en su portal electrónico, aunque en el “estatus por autoridad” refiere que el gobierno de Puebla ya la dio por concluida.
En enero de 2017, la Secretaría General de Gobierno (SGG) afirmó que la recomendación había sido cumplida en su totalidad, tras ofrecer una disculpa pública a las personas afectadas, encabezadas por la madre del menor Elia Tamayo Montes, en abril de 2016, misma que fue rechazada.
Uno de los puntos pendientes es la indemnización a todas las víctimas, debido a que una de ellas no lo ha aceptado: Elia Tamayo, quien en 2016 denunció que fue presionada por el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano para aceptar un pago por 1 millón 700 mil pesos como indemnización por el fallecimiento de su hijo.
EL APUNTE
El Centro de Derechos Humanos señala que la Recomendación 2VG/2014 no está cumplida porque por el caso Chalchihuapan sólo se sancionó a servidores públicos de menor nivel.
Con información de e-consulta
