MÉXICO.- El Gobierno del estado de Puebla anunció una inversión de 2 mil 500 millones de pesos como parte del Plan Hídrico Nacional para sanear el río Atoyac y el lago de Valsequillo, dos de los cuerpos de agua más contaminados de la región. Esta iniciativa, en coordinación con el Gobierno de Tlaxcala y el respaldo de la administración federal de Claudia Sheinbaum, busca la rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales, la modernización del sistema de drenaje y la mejora de la capacidad de la presa de Valsequillo. Sin embargo, la ejecución de estas medidas ha sido cuestionada por organizaciones y expertos que denuncian la falta de un plan integral y la omisión de los principales factores de contaminación.
DESAFÍOS
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, enfatizó que el esfuerzo de saneamiento del Atoyac no sería posible sin el respaldo del Gobierno federal y destacó la importancia de iniciar los trabajos en la parte alta de la cuenca. Según el plan oficial, se contará con la colaboración de la empresa Agua de Puebla para Todos y del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), con una ejecución de recursos que se prolongará a lo largo del sexenio.
No obstante, organizaciones ambientales y habitantes de la Cuenca del Alto Atoyac han denunciado que las acciones gubernamentales se han limitado a esfuerzos superficiales que no abordan la problemática de fondo. En un pronunciamiento emitido en el marco del Día Mundial del Agua, activistas y académicos expusieron que la limpieza reciente realizada en la comunidad de Villa Alta, Tlaxcala, previo a la visita de Sheinbaum, fue una operación de maquillaje más que un esfuerzo de saneamiento real. Según los denunciantes, se extrajeron lodos tóxicos sin un protocolo adecuado, exponiendo a la población a materiales peligrosos, y se abrió una compuerta para diluir contaminantes antes del recorrido presidencial.
CONTAMINACIÓN CRÓNICA
Estudios científicos han documentado que la cuenca del Atoyac presenta niveles alarmantes de contaminación debido a las descargas industriales. Investigaciones de la UNAM revelan que en los ríos Atoyac y Zahuapan se han identificado 104 contaminantes tóxicos, de los cuales solo 22 están normados en la legislación ambiental vigente (NOM-001-SEMARNAT-2021). Más del 60% de las descargas industriales en la región superan los límites de toxicidad permitidos.
Además, estudios biomédicos han detectado la presencia de metales pesados y compuestos cancerígenos en habitantes de la zona, particularmente en adolescentes. La exposición a estos contaminantes ha sido relacionada con afecciones graves a la salud, lo que convierte a la cuenca en una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), de acuerdo con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
ESTRATEGIA FEDERAL Y ESTATAL
El Plan Nacional Hídrico 2024-2030 contempla la construcción de siete Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en zonas del río Zahuapan. Sin embargo, ambientalistas advierten que estas plantas no resolverán el problema si las industrias continúan utilizando los ríos como drenajes. Además, no se ha planteado un enfoque de cuenca que integre la regulación de la actividad industrial, el monitoreo de contaminantes y la participación de comunidades afectadas.
En el ámbito estatal, se han impulsado iniciativas legislativas que podrían limitar el acceso al agua, como la propuesta de introducir el concepto de “mínimo vital” en Tlaxcala, lo que podría restringir la disponibilidad del recurso para sectores vulnerables.
¿SANEAMIENTO REAL?
Si bien el saneamiento del Atoyac es una prioridad dentro de la agenda del Gobierno federal, las acciones implementadas hasta ahora generan dudas sobre su efectividad. La falta de un plan integral, la omisión de contaminantes no regulados y la ausencia de mecanismos de participación ciudadana y científica sugieren que la problemática persiste. Sin un enfoque que atienda las causas estructurales de la contaminación, el rescate del Atoyac podría quedar reducido a una estrategia de relumbrón político, sin un impacto real en la calidad del agua y la salud de las comunidades afectadas.
