PUEBLA; MÉXICO.- Para el abogado Raymundo Espinoza Hernández, impulsor de la educación jurídica popular y práctica de litigio participativo en diversos procesos colectivos en defensa del territorio, las recientes reformas constitucionales y legales impulsadas por el partido Morena, no sólo han puesto en jaque el núcleo duro de la teoría constitucional liberal hegemónica, sino que han abierto nuevos desafíos en materia de justicia y conocimiento que se centra en las universidades y escuelas de Derecho.
“El horizonte abierto por la reforma al Poder Judicial en México se inscribe en la senda del constitucionalismo democrático al exigir jueces y juezas para la democracia y no sólo elector democráticamente”, afirma.
Para el autor de más de 70 publicaciones en materia jurídica, la supuesta “modernización jurídica” que surge en México con la adopción de distintas políticas económicas de la globalización neoliberal, trajo consigo una renovación del vocabulario y los conceptos aplicados al uso en la doctrina constitucional mexicana, que desplazaron el marco teórico construido en torno al constitucionalismo social.
Espinoza Hernández asegura que esta interpretación social desacreditó ejes de la cultura jurídica nacional como el nacionalismo y la justicia social, mientras que conceptos de soberanía o garantías fueron resignificados, casi de la misma forma que los derechos humanos y los órganos autónomos.
Frente a esas reinterpretaciones, añade Raymundo Espinoza, los principios nacionalistas y de justicia social “fueron desterrados de la jerga académica y la literatura especializada por tratarse de expresiones ideológicas al servicio del viejo régimen corporativo y autoritario”.
Incluso, “las obras clásicas del Derecho constitucional mexicano fueron cediendo ante las narrativas generadas para justificar el libre comercio, la democracia electoral y los derechos humanos en un mundo capitalista globalizado”.
Por ello, considera que la consolidación de la reforma constitucional al Poder Judicial advierte una transformación en la cultural jurídica nacional “que supone un cambio en la educación y la formación de las y los juzgadores”.
De lo contrario, Raymundo Espinoza anticipa que será “imposible superar la contradicción entre normas constitucionales -que buscan la democratización del Poder Judicial y suponen un cambio en el modelo de justicia- y, por otro lado, el perfil de juez y aquellos operadores judiciales que “no cuentan con las herramientas teóricas y técnicas adecuadas para llevar a cabo la transformación de la función jurisdiccional que comprende y promete la reforma”.
Estos cambios requieren “de operadores judiciales con principios éticos, conciencia y empatía sociales, así como de una formación teórica y técnica que les permita a atender sus funciones jurisdiccionales de manera integral”, mismas que las escuelas de Derecho tienen el reto de asumir para “formar abogadas y abogados para la democracia”.
Es en este punto, concluye Espinoza Hernández, “se encuentran nuevamente las políticas de la justicia y el conocimiento”.
