- Ante el anuncio de un comité científico impulsado por Claudia Sheinbaum para evaluar el fracking, organizaciones y activistas advierten un posible retroceso ambiental y exigen cumplir la promesa de prohibir esta técnica en México.
El territorio habla, a veces en voz baja —en la memoria de quienes han enterrado a sus muertos—, y otras veces irrumpe como consigna que dice “no al fracking”. Y es que el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la creación de un comité científico para evaluar la viabilidad del gas no convencional reactivó la disputa entre la necesidad energética y la defensa del territorio.
Desde el gobierno federal, dicen que no hay decisión tomada. Se trata —dicen— de observar, analizar, entender desde la ciencia si las “nuevas tecnologías” podrían hacer viable una práctica históricamente cuestionada. En un país que importa cerca del 75% de su gas desde Estados Unidos, el argumento energético pesa.
Sin embargo, en los territorios, la lectura es otra.
De lo técnico a político
Para organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking y la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, el anuncio no es técnico sino político. Y marca, advierten, un giro preocupante frente a compromisos de campaña que prometían prohibir el fracking.
“Fracking sustentable” —dicen— es una contradicción en sí misma.
La preocupación nace de la experiencia acumulada en territorios atravesados por el fracking, desde Estados Unidos hasta Argentina, pasando por regiones de México donde ya se han documentado impactos. Más de quince años de evidencia que, sostienen, apuntan hacia los daños irreversibles.
El agua es el primer frente.
El fracking, incluso en sus versiones “mejoradas”, implica el uso intensivo de recursos hídricos y la generación de residuos tóxicos que pueden filtrarse en acuíferos, pues en zonas donde el agua ya es escasa, esta presión no es sólo ambiental, sino social.
Luego está el cuerpo.
Las organizaciones documentan incrementos en enfermedades crónico-degenerativas, cánceres y padecimientos neurológicos, no como casos aislados, sino como patrones que se repiten en geografías distintas. El territorio, en ese sentido, no es sólo paisaje, es biografía.
Y está el aire.
El metano liberado durante los procesos de fracturación hidráulica agrava el cambio climático, añadiendo otra capa de impacto a una crisis ya en curso. A ello se suman sismos inducidos, residuos potencialmente radiactivos y afectaciones a la biodiversidad.
En este escenario, la figura del comité científico genera más dudas que certezas.
Aunque el gobierno ha señalado que incluirá perfiles críticos, las organizaciones advierten la ausencia de especialistas en salud pública, derechos humanos y procesos de consulta indígena. Sin ellos, dicen, el análisis corre el riesgo de reducirse a una discusión técnica que deja fuera la vida en los territorios.
Porque ahí está el fondo del conflicto.
No es sólo una discusión sobre energía, sino sobre quién decide y bajo qué condiciones. La presidenta Sheinbaum ha afirmado que no se hará nada en contra de las comunidades, que si dicen no, será no; sin embargo, en la memoria reciente, recuerdan los colectivos, hay demasiados ejemplos donde la consulta llegó tarde o no llegó.
Desde hace años, redes como la Alianza Mexicana contra el Fracking han documentado más de 2,500 casos de afectaciones vinculadas a esta técnica, por lo que su exigencia es la prohibición total, sin matices y sin versiones “mejoradas”.
La discusión apenas comienza. En dos meses, el comité presentará sus primeras conclusiones, pero en los territorios, la decisión parece tomada desde hace tiempo, porque hay cosas que no admiten ensayo.
Fracking en pausa, territorios en alerta: organizaciones rechazan el viraje energético del gobierno
Entre la ciencia y la memoria: activistas advierten riesgos ante posible apertura al fracking en México
“No al fracking”: comunidades y colectivos enfrentan la narrativa oficial sobre nuevas tecnologías
