PUEBLA.- El 31 de diciembre de 2025 marcará un momento decisivo en la lucha por justicia para Cecilia Monzón. Ese día se llevará a cabo la audiencia de individualización de sanciones en la que se definirá la condena contra Javier López Zavala, Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas Ramírez, declarados culpables por el feminicidio de la abogada y activista ocurrido en mayo de 2022.
La fecha fue confirmada por Helena Monzón, hermana de Cecilia y representante legal de la familia, quien señaló que tanto la parte civil como la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitarán la pena máxima de 60 años de prisión para cada uno de los responsables, como lo establece el Código Penal del Estado de Puebla para el delito de feminicidio.
El fallo condenatorio fue emitido el pasado 23 de diciembre por el Tribunal de Enjuiciamiento con Perspectiva de Género, que determinó que Javier López Zavala planeó el crimen y proporcionó los recursos para su ejecución, mientras que Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas Ramírez participaron de manera directa en el ataque armado que terminó con la vida de Cecilia Monzón en San Pedro Cholula.
Durante el proceso judicial se desarrollaron más de 80 audiencias, en un juicio iniciado en abril de 2025 y caracterizado por múltiples intentos de la defensa para retrasar el procedimiento. Pese a ello, el tribunal concluyó que la investigación de la Fiscalía fue sólida, exhaustiva y con enfoque de género, lo que permitió acreditar plenamente la responsabilidad penal de los tres acusados.
Para la familia Monzón, la resolución representa un paso fundamental después de más de tres años de lucha, no solo legal, sino también pública, para evitar que el caso quedara en la impunidad. Helena Monzón ha subrayado que el acompañamiento de colectivas feministas, organizaciones civiles y medios de comunicación fue clave para mantener el caso visible y exigir justicia.
El feminicidio de Cecilia Monzón no solo cimbró a Puebla, sino que impulsó cambios legales como la Ley Monzón, que protege a hijas e hijos de víctimas de feminicidio al suspender o retirar la patria potestad de los agresores. A días de conocerse la sentencia, el caso sigue siendo un referente en la exigencia de justicia para las mujeres y en la lucha contra la violencia feminicida en México.
