PUEBLA.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla no está cumpliendo su función. Así, sin rodeos, lo afirmó el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, al calificar como “prácticamente inexistente” el desempeño del organismo encabezado por Rosa Isela Sánchez Soya, que en un año solo logró resolver 0.7 por ciento de las quejas recibidas.
En cifras concretas: de 8 mil 563 denuncias formales, apenas 68 —o siete de cada mil— concluyeron en una resolución. Un volumen tan reducido que, según el rector, no habla de un problema administrativo, sino de un vacío institucional profundamente arraigado.
Guevara atribuyó este rezago a dos factores que se entrelazan: falta de voluntad política y baja capacidad operativa. Para él, la respuesta no pasa por ajustes menores, sino por una reforma estructural que garantice autonomía real, profesionalización del personal y un blindaje efectivo frente a presiones de los poderes estatales.
La crítica tiene un contexto: desde su nombramiento en 2024, la presidenta de la CDH ha estado bajo cuestionamiento por presuntos compromisos políticos surgidos en su proceso de designación. Y mientras tanto, las cifras del organismo muestran que el acceso a la justicia para víctimas de violaciones a derechos humanos se reduce a una estadística mínima, insuficiente y simbólica.
Sobre seguridad: resultados “escasos”
Consultado también sobre la crisis de violencia en el estado, Guevara sostuvo que los avances del gobierno de Alejandro Armenta son “muy escasos”. Afirmó que esta es una asignatura pendiente no solo del Ejecutivo local, sino de los municipios y de la Federación:
“La vida es un derecho humano. La ciudadanía debería poder caminar sin miedo”, recordó.
Mientras la CDH no ofrezca respuestas ni acompañamiento efectivo, advirtió, la protección de derechos seguirá siendo más un discurso que una práctica pública.
