PUEBLA.- En Puebla, la corrupción no solo brotó de los ductos perforados —también manó, silenciosa y constante, desde las oficinas de gobierno. Ese fue el mensaje que el gobernador Alejandro Armenta lanzó al hablar ,de un sistema que por años convirtió el robo de combustible en motor político, bolsa paralela de financiamiento y plataforma para quienes hoy se presentan como “empresarios” o “servidores públicos ejemplares”.
“Puebla fue el estado protector del huachicoleo”, sentenció. Y no habló solo del delito técnico, sino de su combustión política: funcionarios que dieron cobijo a las bandas, contratos disfrazados, compras infladas, moches institucionales y una red que no solo saqueó hidrocarburos… sino también el erario.
La historia es conocida por cualquier poblano atento: mientras las comunidades vivían entre fugas, explosiones y gasolina regada como si fuera una desgracia natural, arriba —en los despachos alfombrados— se tejían alianzas que financiaron campañas, mantuvieron a flote partidos quebrados y levantaron carreras políticas imposibles sin ese flujo paralelo de dinero ilícito.
Armenta los llamó “delincuentes disfrazados de políticos”, pero la descripción se queda corta: fueron gobernadores que le apostaron al silencio; presidentes municipales que cobraron por mirar al otro lado; operadores financieros que convirtieron el huachicol en una caja chica para los partidos; y un ejército de proveedores que hicieron del moche una práctica institucionalizada.
En su discurso, el gobernador recordó que estos grupos delictivos vestidos de gobierno “tenían el poder y saquearon al pueblo”. Y es que las investigaciones federales de años anteriores revelaron tramas donde el combustible robado se triangulaba para pagar estructuras electorales, financiar propaganda, comprar lealtades partidistas y sostener campañas que jamás hubieran sobrevivido con recursos legales.
Todo ello protegido por funcionarios que hoy intentan reinventarse de “empresarios exitosos”, concesionarios beneficiados, dueños de constructoras fantasma, proveedores que entregaban maquinaria inútil, como los mototractores que —según Armenta— duraban apenas unos meses o, peor aún, eran rentados a campesinos que supuestamente los recibían como apoyo.
El mandatario describió al cártel del despojo, los contratos ocultos y el huachicoleo institucionalizado.
Un cártel que no estaba en las carreteras o en las tomas clandestinas, sino en las nóminas, en los oficios sellados, en los convenios de gobierno.
Se sabe que la fractura no se repara con un discurso, pero sí con memoria. Y lo que se está narrando ahora —tarde, pero al fin narrado— confirma lo que los poblanos sabían:
el huachicol no solo perforó ductos, sino que también perforó instituciones, presupuestos y la democracia misma.
