PUEBLA.- Dos décadas después de que México firmó el Protocolo de Palermo, la región Puebla–Tlaxcala sigue siendo un territorio donde nacer mujer —o niña— significa vivir en un riesgo permanente. Así lo advierten tres actores fundamentales en la defensa de los derechos humanos: el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la IBERO Puebla, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., y las Organizaciones Impulsoras de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas, junto con un grupo de académicas y académicos comprometidos.
Estas organizaciones, que han documentado durante años la violencia sistemática contra las mujeres en la región, difundieron este 20 de noviembre un pronunciamiento contundente: la trata con fines de explotación sexual no solo persiste, sino que se mantiene como una realidad grave, poco atendida y casi nunca castigada.
Un territorio donde la violencia contra las mujeres tiene un patrón reconocible
Puebla y Tlaxcala comparten no solo frontera, sino un corredor histórico de explotación sexual. La trata —que en la región se entrelaza con desaparición forzada y feminicidio— opera con una constancia que las instituciones no han logrado desarticular.
Las cifras hablan por sí mismas:
- En Puebla, entre 2015 y 2022, se abrieron 257 investigaciones con 280 víctimas.
De ellas, 177 eran mujeres.
En 61 casos ni siquiera se identificó el sexo de la víctima. - En Tlaxcala, las redes enganchan mujeres y niñas en 17 estados, las explotan en 21 y también operan en siete entidades de Estados Unidos.
Solo entre 2022 y junio de 2025, la fiscalía tlaxcalteca abrió 19 carpetas y atendió a 53 mujeres víctimas.
No existe un refugio especializado.
Mientras tanto, el Secretariado Ejecutivo asegura que en Tlaxcala no hubo ni un solo caso entre 2023 y 2025.
Las organizaciones lo llaman por su nombre: subregistro.
Asimismo, las organizaciones firmantes recuerdan que Puebla y Tlaxcala tienen activa la Alerta de Violencia de Género. Aun así, no existen mecanismos sólidos de prevención, búsqueda y atención.
La región sigue sin:
- Refugios estatales
- Protocolos sólidos de búsqueda inmediata
- Programas estatales que funcionen
- Coordinación real entre fiscalías y comisiones de búsqueda
- Capacitación adecuada para evitar revictimización
Las demandas: mínimas, urgentes y necesarias
El pronunciamiento exige a ambos gobiernos estatales:
- Aplicar sin simulación las leyes contra la trata
- Coordinar fiscalías y comisiones de búsqueda
- Crear refugios públicos especializados
- Capacitar a operadores de justicia
- Sancionar efectivamente a los tratantes
- Trabajar con escuelas y comunidades para prevenir la explotación sexual desde un enfoque antipatriarcal
- Operar —no solo anunciar— los Programas Estatales contra la Trata
Las organizaciones también llaman a la academia y a la sociedad civil a seguir documentando, visibilizando y acompañando a las víctimas, porque “solo así las mujeres y las niñas podrán aspirar a una vida libre de violencia”.
Su mensaje es tan claro como urgente: Mientras el Estado no actúe con seriedad, las mujeres y niñas de Puebla y Tlaxcala seguirán siendo presa de redes de explotación que nunca duermen.
