MÉXICO.- Cuando la ciudad se vuelve mercancía, la vivienda deja de ser hogar y se convierte en renta, inversión y terreno de disputa. Bajo esa premisa avanzó el seminario “Ciudad habitable para todas y todos”, donde especialistas de la UNAM coincidieron en algo que ya resuena en múltiples territorios del país: para frenar la especulación inmobiliaria, México necesita modelos de vivienda que no dependan exclusivamente de la propiedad privada individual.
La propuesta no es menor pues significa poner en la mesa esquemas que cuestionan el modelo dominante: vivienda pública en alquiler sin opción de compra, cooperativas habitacionales, propiedad colectiva del suelo y un Sistema Nacional de Vivienda en Renta Social.
Es decir, herramientas capaces de limitar la expansión del mercado y sus efectos: gentrificación, precariedad del alquiler, expulsión hacia periferias y ciudades cada vez más desiguales.
Vivienda pública en renta: el límite que no quiere tocar el mercado
La urbanista Eftychia Danai Bournazou Marcou fue directa:
“La vivienda pública en alquiler sin opción de compra sería el único límite real al mercado inmobiliario y a la gentrificación.”
En Uruguay y Europa, añadió, las cooperativas y los sistemas de renta social han demostrado que existen alternativas al modelo individualista que domina en México. Pero también advirtió que estas propuestas requieren cambios profundos: una reforma constitucional para impulsar la propiedad pública del suelo, marcos regulatorios para cooperativas y transformaciones culturales respecto a la “casa propia” como único camino posible.
Informalidad, rentas opacas y expansión de plataformas
Por su parte, Mariana Borja Rodríguez, del Laboratorio de Vivienda de la FA, subrayó la ausencia de programas robustos de renta pública en el país. Incluso en zonas con fuerte presión inmobiliaria —como Cuauhtémoc o Benito Juárez en Ciudad de México— la mayoría de los inquilinos carecen de contratos formales o derechos básicos, mientras las rentas aumentan más de 20% anual, una tendencia que se aceleró tras la pandemia.
La investigadora lo resume claro:
Hablar de vivienda en México es hablar de desigualdad urbana.
El alquiler como negocio global
Desde el Instituto de Geografía, Luis Alberto Salinas Arreortua señaló que la vivienda ha dejado de ser un derecho social para convertirse en activo financiero, terreno fértil para fondos de inversión, capital internacional y aplicaciones de renta de corta estancia.
Hoy, explicó, el Estado permite que fondos privados adquieran viviendas masivamente, incluso con capital proveniente de los ahorros de trabajadores, para destinarlas al mercado del alquiler de alto rendimiento.
En ese contexto, el derecho a la ciudad se vuelve variable de mercado: quienes pueden pagar permanecen; quienes no, se desplazan a las periferias y pierden acceso a servicios, tiempo y calidad de vida.
Las especialistas coinciden en que detener la espiral especulativa exige políticas que fortalezcan bienes públicos, no productos financieros; que reconozcan el alquiler como una necesidad social, no solo como un negocio; y que incorporen a la ciudadanía en la construcción de modelos colectivos de vivienda.
Para habitar ciudades justas, antes que nuevas torres, México necesita nuevas reglas.
