Los números de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 son contundentes, al ubicar a Puebla entre los cinco estados con mayor incidencia delictiva y en el segundo lugar nacional en costo promedio del delito. No son simples estadísticas, son radiografías de un modelo de seguridad que concentra sus esfuerzos en medidas reactivas —más patrullas, más cámaras, más botones de alerta— sin construir estrategias integrales de prevención y pacificación.
La tasa de 44 mil delitos por cada 100 mil habitantes es alarmante, pero más inquietante aún es el costo social de la inseguridad: 22 mil millones de pesos que los hogares poblanos gastan en rejas, candados, bardas o cambios de rutinas cotidianas. En otras palabras, la ciudadanía paga de su bolsillo y con su libertad de movimiento la seguridad que las instituciones no logran garantizar.
El estudio también revela un dato estructural: el 93.5 % de los delitos en Puebla no se denuncian. La gente ha perdido la confianza en el sistema de justicia, y sin confianza no hay colaboración posible entre ciudadanía y autoridades, condición básica para cualquier política de pacificación.
Aquí radica la mayor deuda del Estado.
Las políticas se concentran en administrar la violencia con tecnología y operativos, pero rara vez se abordan sus raíces sociales.
¿Qué hay de la prevención comunitaria?
¿De los programas de mediación y reconstrucción del tejido social?
¿De las políticas urbanas que piensen en espacios públicos seguros y habitables?
Hablar de pacificación no debería limitarse a contar carpetas de investigación, sino crear condiciones para que la violencia no sea la regla y sí la excepción.
Y eso solo se logra con estrategias de largo aliento: prevención social, programas de atención a víctimas, proyectos culturales y educativos que disputen territorios al miedo y la violencia.
Puebla se encuentra atrapada en una paradoja, pues mientras más se invierte en dispositivos tecnológicos de control, mayor es la percepción de inseguridad.
La crisis no solo es de seguridad, sino de confianza.
Lo que está en juego no es únicamente la estadística delictiva, sino la capacidad del Estado para ofrecer horizontes de convivencia y certidumbre.
El reto, entonces, es repensar el modelo: pasar de la lógica reactiva a la construcción de una política de pacificación real, una que no se mida únicamente en detenciones o cámaras instaladas, sino en calles habitables, transporte público seguro y espacios comunes donde la vida pueda fluir sin miedo.
