El proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 coloca nuevamente a la cultura en un escenario de incertidumbre. La reducción del 13% al presupuesto de la Secretaría de Cultura no solo se traduce en menos recursos disponibles, sino que abre preguntas sobre el modelo de política cultural que se está consolidando en el país.
Los recortes impactarán directamente en dos instituciones clave: el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). En el primer caso, la disminución rebasa los mil 200 millones de pesos, un ajuste difícil de absorber si se considera que el INAH es responsable de resguardar sitios arqueológicos, museos y zonas patrimoniales en todo el territorio. El INBAL, con un recorte cercano a los mil millones, enfrenta el reto de sostener su programación cultural y artística con menos margen operativo.
Más allá de los números, lo relevante es el mensaje que transmiten. La cultura sigue siendo concebida como un gasto flexible, susceptible de ajustes, no como un eje estratégico de desarrollo social. En contraste, los megaproyectos federales reciben inversiones crecientes, lo que revela que la prioridad política es la infraestructura visible frente a la inversión cultural de largo plazo.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado que los recursos podrían reajustarse si prosperan los recortes al Poder Judicial. La promesa abre una ventana de posibilidad, pero también coloca a la cultura en una posición dependiente de decisiones externas pues, en lugar de contar con una asignación sólida y estable, su financiamiento queda sujeto a negociaciones entre poderes.
El efecto inmediato se observa en las comunidades artísticas y académicas, que se ven obligadas a trabajar en condiciones de mayor precariedad. Menos becas, menor capacidad para financiar proyectos y una creciente dependencia de iniciativas privadas o extranjeras son escenarios que limitan la autonomía y la sostenibilidad de la creación cultural.
El reto es pensar más allá del presupuesto anual. Se requiere discutir si la política cultural seguirá tratándose como un conjunto de apoyos dispersos o si se construirá un modelo que reconozca a creadores, investigadores y gestores como actores con derechos y con un papel fundamental en la vida pública.
Los recortes de 2026, más que una coyuntura, deben leerse como un síntoma de un problema estructural, la de la dificultad del Estado para otorgar a la cultura el lugar que le corresponde dentro de las prioridades nacionales.
El debate, entonces, no es solo sobre montos, sino sobre visión de futuro.
